La alcaldesa recibirá a las familias afectadas por un fondo buitre tras su protesta
El Gobierno municipal de Écija, liderado por Silvia Heredia (PP), ha convocado a una reunión a las familias afectadas por la venta de sus viviendas a un fondo buitre. La cita, que tendrá lugar mañana martes, 4 de marzo, llega después de que los vecinos se concentraran en protesta por la falta de atención por parte de las autoridades locales.
Las familias, residentes en las calles Estatuto de Autonomía y La Luisiana, llevan seis años luchando por regularizar su situación. Denuncian que, mientras el fondo buitre no paga los impuestos correspondientes, Hacienda les reclama a ellos, en su mayoría personas vulnerables, el pago de tasas y deudas que no les corresponden.
Estas personas reclaman que la administración local o la Junta de Andalucía ejerzan el derecho de retracto para que puedan adquirir sus viviendas, subastadas dentro de la liquidación de la empresa pública Sedesa, y evitar que estas sigan en manos de la empresa que las compró.
El pasado miércoles, Carmen Ruiz, una de las vecinas afectadas, expresó su indignación “por el trato que nos dio la alcaldesa. Llevamos seis años en esta lucha, y ella lleva dos años gobernando sin prestarnos atención. Lo único que pedimos es su apoyo y que no se ponga de parte del fondo buitre”, con el que Heredia se ha reunido más veces que con las familias afectadas, según estas.
María Carmen Ordóñez, otra vecina, confiesa que se sienten “abandonados” por el Gobierno local, al que piden “su apoyo para reunirnos con la Junta de Andalucía y resolver este problema. Solo queremos ser dueños de nuestras viviendas, no que sigan en manos de especuladores”. Los vecinos se quejan de que la alcaldesa evitó el encuentro con ellos durante su protesta a las puertas del pleno municipal, el pasado lunes.
Las familias esperan que la reunión del martes sea un primer paso hacia una solución definitiva. Entre sus principales demandas se encuentra la intermediación del Ayuntamiento para facilitar una reunión con la Junta de Andalucía y la posibilidad de ejercer el derecho de retracto, que les permitiría adquirir las viviendas a un precio justo.
