Las familias de las VPO vendidas a un fondo buitre mantienen la pelea por sus viviendas
Sigue adelante la batalla judicial de las familias de 91 las viviendas públicas de la barriada ecijana de La Alcarrachela por anular la venta de las mismas a un fondo buitre. Argumentan estas personas que no fueron invitadas a la subasta de sus casas.
Las familias que residen en las viviendas sociales de las calles Estatuto de Autonomía y La Luisiana mantienen el contencioso administrativo contra la Junta de Andalucía por la venta de sus casas a un fondo buitre. Han presentado una demanda colectiva para declarar nula esa subasta argumentando que durante la misma no se cumplió la norma legal de comunicarla a los inquilinos, un extremo que habría reconocido la propia Junta de Andalucía.
En su denuncia ante el juzgado de lo contencioso número 6 de Sevilla, estas familias argumentan que durante la subasta de sus viviendas no se cumplió la norma legal de comunicar la misma a los inquilinos de las VPO. Eso impidió que pudieran ejercer el derecho de retracto sobre sus viviendas y adquirirlas cuando salieron a subasta.
“Hace más de cuatro años que estas personas iniciaron la justa lucha por su derecho a una vivienda digna”, recuerda Francisco Tejada, abogado que representa gratuitamente a las familias, que confía en la demanda para “volverle atrás el pulso a la Junta de Andalucía que se ha puesto decididamente al lado del fondo buitre y también al Ayuntamiento de Écija que se ha puesto no ya de perfil sino de espaldas a un problema evidente de justicia social al que no ha querido echar cuenta”.
En similares términos, el concejal de IU-Podemos Écija, Eligio García Jódar, opina que “parece mentira que tengamos que llegar a esto cuando tenemos enfrente a una Junta de Andalucía que debería facilitar lo máximo posible la vivienda porque así lo dice la Constitución”.
“Vamos a esperar que conteste lo antes posible el juzgado y que dicte una sentencia favorable hacia la nulidad de ese procedimiento que adjudicó una viviendas que eran públicas a un fondo privado sin contar con quienes realmente tenía que contar, los vecinos y vecinas”, enfatiza García Jódar, tras lo que adelanta que pedirán que las VPO vuelvan a ser públicas y se permita a sus inquilinos adquirirlas en propiedad.
La Junta de Andalucía reconoció que el fondo privado que compró por más de 1,1 millones las 91 viviendas no cumplió el trámite obligatorio de comunicar su adquisición, con lo que imposibilitó a las familias inquilinas ejercer su derecho de retracto sobre las viviendas que permite la normativa.
