octubre 22, 2020
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Política

El Ayuntamiento aprueba pujar por cien VPO propiedad de Sedesa

El pleno del Ayuntamiento de Écija ha aprobado adquirir más de un centenar de viviendas de protección oficial (VPO) que eran propiedad de la extinta empresa municipal de Desarrollo, Sedesa, que está bajo administración concursal. Presentará una oferta de 30.000 euros a la puja abierta por estas viviendas afectadas por el Plan de Liquidación de Sedesa.

Lo hace al amparo del Decreto 161/2018 de 28 de agosto, que blinda el carácter social del parque de vivienda pública al prohibir su venta con fines especulativos, y tras varios autos judiciales del juzgado de lo Mercantil que acuerdan modificar el plan de liquidación de Sedesa ante la dificultad de subastar las viviendas sociales.

Los 30.000 euros que la corporación ha acordado presentar como oferta resultan de la suma en que están valoradas cada una de las dos promociones de VPO que se quiere adquirir: las 17 viviendas de la calle Villareal en 4.722 euros y las 91 de la calle Estatuto de Autonomía, en la barriada de La Alcarrachela, por cerca de 25.300.

Las primeras, en la zona conocida en su día como ‘La Cachucha’, se subastaron en noviembre del año pasado para obtener liquidez con que pagar a acreedores de la quebrada empresa Sedesa.

De acuerdo con el administrador concursal de la desaparecida empresa de Desarrollo, el Ayuntamiento de Écija pedirá a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía autorización para la enajenación y adquisición de esas dos promociones de vivienda pública de carácter social.

El acuerdo de la corporación para adquirir las más de cien VPO de Villareal y Estatuto de Autonomía está condicionado a que no haya oposición a la misma por parte de los acreedores a los que Sedesa debe dinero, en el procedimiento concursal tramitado ante el juzgado Mercantil número 2 de Sevilla.

La liquidación de Sedesa fue aprobada en marzo de 2015, año y medio después de iniciado el concurso de acreedores de la empresa. Todo su patrimonio está bajo tutela del administrador concursal, lo que incluye a las viviendas sociales propiedad de la entidad municipal en liquidación. Según el Juzgado Mercantil, la deuda que se reclama es de 6.790.940,13 euros.