Prisión provisional para un matrimonio de Écija por fraude en la legalización de pozos de riego

Un matrimonio de Écija ha sido detenido en una operación policial contra el fraude en la legalización de pozos de riego. El hombre, que fue funcionario de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), sería el cabecilla de una organización a la que la Policía Nacional acusa de cohecho, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

Junto a la pareja, en prisión provisional sin fianza, ha sido detenida otra persona en Santaella (Córdoba). Dos de los detenidos son funcionarios de la CHG, que supuestamente aprovecharon su condición para incrementar su patrimonio, cobrando grandes cantidades de dinero a los terratenientes por la legalización fraudulenta de pozos de riego, así como la paralización de expedientes y falsificación de documentos.

Con este entramado delictivo en el año 2012, concretamente uno de ellos consiguió incrementar su patrimonio en un millón de euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía. La investigación policial se inició a principio del año pasado, enfocada sobre unos trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, especialmente sobre uno de ellos que había incrementado su patrimonio y el de su mujer (ambos detenidos) de manera desorbitada.

Concretamente, en el año 2012 afloraron un millón de euros mediante una Declaración Tributaria Especial, correspondiendo 500.000 euros a cada cónyuge, es decir, se acogieron a la amnistía fiscal declarando 500.000 euros cada consorte.

Una vez los investigadores determinaron el “aumento completamente desproporcionado” de capital del matrimonio, sostiene la Policía, que explica que la única vía de actividad legal reconocida de ingreso de dinero era el sueldo del marido, trabajador de la CHG, se inició la investigación para determinar el origen del patrimonio.

Las diligencias policiales por parte del grupo especializado en fraude fiscal, permitieron vincular a uno de los ahora detenidos con una actividad ilícita que empezó en el año 1999 y que ha podido continuar hasta el año 2012. Entre los hechos que se les imputan está el cobro a dueños de tierras de Marchena y alrededores, así como agricultores de la zona, de dinero por “retrasar” la incoación de expedientes sancionadores de pozos de riego; la solicitud, igualmente, de grandes cantidades de dinero, de entre 50.000 y 60.000 euros por la legalización fraudulenta de pozos de riego, es de significar en este extremo, que la legalización de tierras como regadío puede multiplicar por tres el valor del terreno.

Esta legalización se llevaba a cabo mediante la aportación de documentación falsa que el cabecilla de este entramado realizaba aprovechándose de su trabajo como funcionario, añade la Policía en un comunicado.

La investigación policial culminó el pasado martes, 10 de julio, con las tres detenciones. Al matrimonio se le ha embargado de manera preventiva un patrimonio superior al millón de euros, destacando más de 600.000 euros en efectivo – repartidos en sobres escondidos en diversas estancias de la vivienda -, cuatro relojes de lujo, numerosas joyas de gran valor, así como dos coches de alta gama y cinco propiedades inmobiliarias.

La Policía destaca que el cabecilla, funcionario de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se encontraba ya expulsado de la misma fruto de un expediente disciplinario. Del tercer detenido, trabajador de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los agentes han podido constatar que acompañaba en numerosas ocasiones al líder en sus visitas previas al cobro de dinero a los agricultores y dueños de las tierras, no descartándose nuevas detenciones de personas participantes en esta trama delictiva.