Gil-Toresano acusa a la Junta de no pagar los servicios sociales
El alcalde de Écija, el popular Ricardo Gil-Toresano, ha acusado a la Junta de Andalucía de haber dejado de pagar varios servicios asistenciales, como la Atención Infantil Temprana, el Centro de Día de Drogodependencia y el Servicio de Atención a Inmigrantes, “que en estos momentos paga el Ayuntamiento de Écija”, afirma.
Gil-Toresano ha hecho estas afirmaciones como miembro del Comité Regional de Gobiernos Locales del Partido Popular, durante una intervención en la Convención Nacional del PP celebrada este fin de semana en Madrid. El primer edil ha centrado su intervención en el cónclave popular en las políticas sociales y la discapacidad, y ha cargado contra la Junta de Andalucía, a la que acusa de “incompetente”.
En concreto, Gil-Toresano ha hecho referencia a la Ley de Atención a la Dependencia, “una materia cuya administración competente es la Junta de Andalucía”, señala “pero, a pesar de ello, la Junta ha demostrado ser bastante incompetente al respecto, ya que gracias a la aportación del Gobierno central, los españoles tenemos asegurada la Ley de la Dependencia”.
“Un claro ejemplo lo tenemos en Écija, a los que [la Junta de Andalucía] nos ha llegado a deber dos millones de euros, han estado diez meses sin pagarnos teniendo que hacer frente al pago el Ayuntamiento y tardan mucho tiempo en dar asistencia a la persona que solicita este servicio desde que es valorada”, argumenta el alcalde de Écija, que añade que la Junta “ha dejado de financiar los Servicios de Atención Infantil Temprana, el Centro de Día de Drogodependencia y el Servicio de Atención a Inmigrantes, que en estos momentos los paga el Ayuntamiento de Écija”.
“En los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Écija, atendemos a 80 personas dependientes e intentamos dar el servicio lo más rápido posible y nos hacemos cargo de los casos más urgentes”, enfatiza el primer edil, que asegura que se solucionan los problemas de este servicio “gracias a la gestión de los ayuntamientos, a pesar de ser la Junta de Andalucía la administración competente, y por tanto, quien debería afrontarlos”.
