El PSOE impugna la adjudicación de la gestión de la depuradora
El Grupo municipal socialista ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la adjudicación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) a la empresa Aqua Campiña. Además, el PSOE pide también la suspensión de la adjudicación, aprobada el pasado mes de septiembre por el Gobierno local (PP-PA).
“El acuerdo de entregar la depuradora a Aqua Campiña se adoptó en contra de un informe de la secretaria general del Ayuntamiento que decía que el servicio es distinto al que se contrató en 2001 con esta empresa y, por lo tanto, tenía que ser objeto de un concurso al que acudieran más empresas interesadas”, resume el viceportavoz municipal del PSOE, Fernando Martínez.
Ese informe contrario a la adjudicación directa a Aqua Campiña de la gestión de la EDAR “se basaba en la Ley de Aguas, una norma con rango de ley que define el ciclo integral del agua”, señala Martínez, que recuerda también que “la cesión a Aqua Campiña la aprobaron once de los doce concejales del equipo de gobierno”, ya que el concejal de Política Presupuestaria, Miguel Ángel Fernández Castellano (PP), se ausentó en las dos votaciones de esta adjudicación.
También recuerda el PSOE que la primera intención del PP era apostar por la gestión pública de la depuradora, “como dijo el concejal de Hacienda, Rafael Serrano, que decía que gestionaríamos la EDAR por nuestra cuenta y con gente de la casa”, por lo que los socialistas afirman que “ha sido por el pacto de gobierno y una imposición del PA no sólo que se privatice la depuradora, sino que se ponga en manos de una empresa con nombre y apellidos”, acusa Fernando Martínez.
Acuerdo “poco ético”. Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Juan Wic, asegura que su partido quiere “demostrar que tanto en la oposición como en el gobierno es fundamental velar por la legalidad de los actos de la corporación”. “Nos parece poco presentable y poco ético aprobar un acuerdo en contra de un informe de la secretaría local, que es quien vela por la legalidad de las decisiones del pleno”, concluye Wic.
