Estado y Junta se pasan la pelota de las inundaciones
Ni el Estado central ni el ejecutivo autonómico asumen tener responsabilidad ni competencias en la gestión de los recursos hidráulicos de la cuenca del Guadalquivir en los meses en que se produjeron las seis inundaciones que anegaron Écija y que causaron daños que las autoridades municipales cuantificaron en 23,5 millones de euros.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y la Secretaría General del Agua de la Junta de Andalucía han respondido a la reclamación administrativa interpuesta por los afectados por los perjuicios derivados de las riadas de finales de 2010 y principios de 2011 en Écija, rechazando en ambos casos responsabilidades.
En el caso de la CHG, ésta ha desestimado la petición al declararse “incompetente” para su conocimiento y resolución, ya que en la fecha en la que se produjeron los hechos la gestión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por territorio andaluz “correspondía a la comunidad autónoma de Andalucía”.
Considera el organismo estatal que el centro de imputación de la responsabilidad es “la administración en la que se integre el servicio generador de ese daño”, siendo en este caso “una obligación derivada” de la gestión autonómica, sin que se encuentre en el particular “una transferencia de competencias ni una reversión competencial mutuamente acordada”.
Por su parte, la Junta de Andalucía hace un recordatorio de los traspasos de funciones y servicios en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos entre administración central y autonómica, con la inconstitucionalidad del articulado de reforma del Estatuto de Autonomía que daba a Andalucía competencias exclusivas sobre las aguas fluviales que transcurrieran por su territorio y no afectaran a otra comunidad autónoma.
Dice la Junta que hay informes jurídicos y del Consejo Consultivo que demuestran que la norma en base a la que asumió la gestión de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir es “nula”, es decir, que la administración regional “nunca tuvo, jurídicamente, competencias para ello”.
Por ello, califica de “evidente” que en la fecha de los daños no correspondía a la Junta instruir los expedientes, ni ahora resolverlos, bajo riesgo de que, de hacerlo, se incurriera en nulidad “absoluta”, concluyéndose en la inadmisión de la reclamación.
Los afectados, por boca de su letrado, Fernando Osuna, ya avisaron de que presentarán un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales en los próximos días si no cuentan con una respuesta positiva por parte de las administraciones, al haber pasado el plazo preceptivo de seis meses desde la interposición de las reclamaciones administrativas.
Los vecinos consideran que ha existido una mala gestión del problema por parte de las administraciones y hacen constar los daños psicológicos y morales derivados de la inundación de sus comercios y viviendas, así como el lucro cesante que supone vivir en inmuebles “depreciados” por el hecho de estar construidos sobre zonas susceptibles de inundación.
