Una empresa pide hasta 600 euros de alquiler por las VPO de La Alcarrachela
Las 91 familias que residen en las viviendas de protección oficial (VPO) de la barriada de La Alcarrachela, en Écija, han intensificado sus protestas tras sufrir la presión de una firma intermediaria que les plantea condiciones inasumibles para continuar en sus hogares. Ante la falta de mantenimiento del entorno y el desamparo institucional, los vecinos han instalado pancartas informativas para dar a conocer su problemática a toda la ciudadanía.
La denuncia de estas familias se centra en las supuestas maniobras de una empresa gestora de Sevilla que contactó con los residentes hace dos meses. Según la portavoz del colectivo afectado, Carmen Ruiz, esta firma trasladó su intención de adquirir la sociedad tenedora del fondo buitre con todas sus cargas y deudas. Para permitir la permanencia de las familias, la entidad propuso fijar alquileres de entre 500 y 600 euros mensuales o venderles las viviendas por importes inalcanzables para sus economías. Asimismo, la intermediaria ofreció compensaciones económicas de entre 6.000 y 8.000 euros a quienes aceptasen desalojar voluntariamente los inmuebles.
“Nos planteaban pagar alquileres de 500 o 600 euros o comprar los pisos por un dinero que nadie aquí puede asumir; si no aceptábamos, nos daban 6.000, 7.000 u 8.000 euros para irnos”, resume Carmen Ruiz la situación, y adelanta el rechazo de vecinos y vecinas a estas propuestas. “De qué nos sirve ese dinero si nos tenemos que quedar en la calle y dejar nuestra casa”.
La portavoz añadió además que la gestora prometió llamarles a primeros de septiembre para negociar, pero han incumplido su palabra “y ya ni siquiera descuelgan el teléfono”.
Esta ofensiva inmobiliaria se produce en un contexto de abandono y de profunda inseguridad jurídica, con la fecha límite de octubre de 2030 en el horizonte, momento en el que vence la protección pública de las VPO y las casas podrán comercializarse en el mercado libre. Los afectados han registrado escritos en el Ayuntamiento de Écija exigiendo que se requiera el mantenimiento de la barriada a la firma propietaria, sin haber recibido respuesta por parte de la alcaldesa, Silvia Heredia (PP). Por su parte, la empresa tenedora tampoco atiende las cartas enviadas por los vecinos, devolviendo las notificaciones con el argumento de que la dirección no existe.
Para incrementar la alarma de los inquilinos, varios bancos han comenzado a devolver los recibos de alquiler a las familias que abonan sus cuotas directamente a la sociedad, lo que genera sospechas sobre una posible quiebra de la entidad. Ante el temor explícito a verse “debajo de un puente” cuando expire la protección en 2030, el colectivo vecinal de La Alcarrachela ha anunciado que mantendrá su protesta y se desplazará en breve al Parlamento de Andalucía, en Sevilla, para registrar un nuevo escrito de protesta ante la Junta.
