El PP no aclara cómo rescatará las VPO vendidas a un fondo buitre
Las vías para resolver la situación de las 91 viviendas sociales de La Alcarrachela, adquiridas por un fondo privado, han puesto de manifiesto contradicciones en el equipo de gobierno de Écija. Las manifestaciones de la alcaldesa, Silvia Heredia (PP), sobre la predisposición municipal para cofinanciar la adquisición de los inmuebles contrastan con la postura del portavoz del equipo de gobierno, Carlos Onetti, quien desmiente cualquier compra o desembolso directo por parte del consistorio.
La controversia surge a raíz de las declaraciones de la alcaldesa Silvia Heredia, quien plantea en una entrevista en El Correo de Andalucía una alternativa municipal ante las exigencias de la empresa propietaria, que reclama tres millones de euros por el edificio tras acumular tributos e impuestos como el IBI.
Heredia reconoce de entrada la imposibilidad de asumir ese montante de forma directa porque “no podemos sacar de un presupuesto municipal de la noche a la mañana 3 millones porque evidentemente no los tenemos”. Pese a ello, la regidora propone un plan de cofinanciación al 50% intermediado por el Ayuntamiento.
“El Ayuntamiento podría buscar una fórmula para conseguir 1,5 millones y otro millón y medio buscarían los vecinos a través de un préstamo” negociado con entidades bancarias, propone Heredia, que defiende que “la solución que da este gobierno es firme y además se plasmará en un convenio con los vecinos para la tranquilidad de todos”.
Sin embargo, esta propuesta de intervención municipal ha sido descartada por el portavoz del gobierno local, Carlos Onetti, quien rechaza que el consistorio adquiera las viviendas o emplee fondos públicos para este fin. “Nosotros no compramos las viviendas”, afirma Onetti, “las viviendas tienen que ser adquiridas por los propios arrendatarios que están ahora mismo. El Ayuntamiento no es el que compraría nunca en ningún caso”, zanja.
Frente a la promesa de un convenio “firme” formulada por la alcaldesa, Onetti reduce la actuación a una hipotética subvención condicionada. “El Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de subvencionar esa compra por parte de un particular”, la cual dependería de “la venta de algún inmueble público”, advirtiendo que no existe “un precio exacto ahora mismo o un dinero concreto” porque el asunto “está todavía incubándose”.
En mitad de estas versiones contrapuestas, los vecinos afectados denuncian la falta de respuestas concretas y el estancamiento de la negociación. Carmen Ruiz, residente en la promoción desde hace 26 años, señaló que la propuesta mencionada por la alcaldesa no se ha traducido en avances reales, y que ya se les planteó “en una reunión que tuvimos hace cuestión de 8 o 9 meses, pero no ha concretado nada”.
Ruiz desmiente los rumores que atribuyen la situación a impagos de las familias. “Eso es mentira. Yo llevo en mi casa 26 años y estoy al corriente porque he pagado siempre, y como yo, la gran mayoría”. La vecina trasladó la incertidumbre en la que viven las 91 familias ante la amenaza de desalojo por parte del fondo titular. “No sabemos lo que va a ser de nosotros… nos vamos a ver en la calle”, reiterando el deseo de las familias de acceder a una vivienda digna mediante un acuerdo razonable.
