Queja vecinal por el abandono del fondo buitre de las 91 VPO de La Alcarrachela
Representantes de las 91 familias afectadas han acudido al registro municipal para presentar un escrito formal dirigido a la Alcaldía con el doble objetivo de exigir el mantenimiento urgente de unos edificios en estado de abandono y reclamar una solución ante el horizonte de octubre de 2030, fecha en la que expira la protección de sus viviendas y el fondo propietario podrá imponer subidas de precio a unos pisos destinados a familias con pocos recursos.
La vecindad denuncia que los desperfectos estructurales, como roturas de tuberías o incendios en zonas comunes, están siendo costeados por las propias familias ante la inacción del propietario. Esta situación se agrava por la incertidumbre legal, ya que temen que, al perderse el suelo de protección municipal, se vean obligadas a abandonar sus hogares.
Carmen Ruiz, portavoz de las familias, ha explicado que se movilizan “para pedir por escrito a la empresa que por lo menos nos arregle algo, nos arregle la barriada porque se nos está cayendo a pedazos. Yo creo que aquí lo único que se está esperando es que llegue el 2030 y que la empresa nos pisotee el pescuezo porque nos va a poner una cantidad que no la vamos a poder pagar”, teme.
La indignación vecinal también se dirige hacia la gestión municipal, ya que consideran que el Ayuntamiento tiene una responsabilidad directa al ser el mediador en los cobros de los alquileres a través del Opaef debido a una deuda de la empresa con el consistorio.
Valle Miranda, también vecina afectada, se ha mostrado contundente sobre la falta de respuestas. “Los que nos vamos a la calle somos nosotros, no ellos. La alcaldesa debe de ver que nosotros estamos pagando al ayuntamiento porque nosotros no estamos pagándole al de la empresa. Ella como alcaldesa debe de cumplir; si no lo arregla la empresa, que lo arregle el Ayuntamiento”, opina.
Tras meses sin noticias de las reuniones prometidas en mayo, el vecindario ha advertido que este registro es solo el inicio de un proceso de movilizaciones para evitar que 91 familias se queden sin techo en el futuro cercano.
