Sumar pide al Gobierno proteger las viviendas de Écija compradas por un fondo buitre
El futuro de 91 familias residentes en la barriada de La Alcarrachela, en Écija, ha llegado a las Cortes. La diputada por Sevilla del grupo Sumar, Engracia Rivera, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno central para exigir medidas ante la “inseguridad jurídica y social” que atraviesan estas familias tras la privatización de sus viviendas.
El origen del conflicto se remonta al año 2000, cuando estas promociones fueron impulsadas como alquiler social por la empresa municipal Sedesa para familias con escasos recursos. Sin embargo, tras la quiebra y liquidación de esta sociedad pública, las 91 viviendas fueron adjudicadas en subasta pública en 2020 a una entidad privada que pagó aproximadamente 12.637 euros por cada inmueble.
Vulnerabilidad y presión económica
Según detalla la iniciativa parlamentaria, la situación se ha vuelto crítica al expirar los contratos de alquiler. La empresa propietaria está ofreciendo ahora a los residentes la compra de sus casas por precios que oscilan entre los 40.000 y 45.000 euros, una cifra inasumible para muchas de estas familias en situación de vulnerabilidad económica.
Además, Rivera ha alertado sobre presuntos incumplimientos fiscales del fondo buitre propietario ante la Hacienda pública y la administración local, lo que estaría repercutiendo negativamente en la gestión de los alquileres y en el trato con los vecinos.
Llamada a la colaboración institucional
Ante esta problemática, Sumar ha solicitado la intervención del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que, en coordinación con la Agencia Tributaria, se garantice el uso social de los inmuebles o su reincorporación a un parque público de vivienda asequible.
Asimismo, la formación ha instado al Gobierno de la nación a activar mecanismos de colaboración con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Écija con el fin de proteger el derecho constitucional de estas 91 familias a una vivienda digna.
