Fuentes de Andalucía frena el biogás con una moratoria de dos años
El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía ha dado un paso decisivo para regular el futuro energético de su término municipal. En un pleno extraordinario ha aprobado con los votos del Gobierno local (NIVA) el inicio de los trámites para un Plan Especial Regulador de la implantación de proyectos de producción y almacenamiento de energías renovables.
Esta iniciativa surge con el objetivo de dotar de mayores garantías a estas actividades ante la creciente inquietud manifestada por los vecinos y vecinas en los últimos meses. La medida más inmediata es la aprobación de una moratoria temporal de hasta dos años. Durante este periodo, quedará suspendida la tramitación, aprobación y ejecución de instalaciones industriales vinculadas a energías como el biogás o el biometano, que han generado un intenso debate social por su posible impacto en el territorio.
El alcalde fontaniego, Francisco Martínez Galán, ha sido tajante al respecto, asegurando que no se tramitará ningún proyecto de este tipo hasta establecer una regulación estricta y dar voz a la ciudadanía.
El futuro Plan Especial abordará aspectos críticos como la localización de las instalaciones respecto a los núcleos de población, los vientos dominantes y la protección del patrimonio y los recursos hídricos. Asimismo, se establecerá un índice de saturación para evitar concentraciones excesivas y se limitará la capacidad máxima de almacenamiento y producción. Las plantas fotovoltaicas en suelo rústico protegido también se verán afectadas por la moratoria, aunque se exceptúan expresamente los proyectos de autoconsumo o energía comunitaria.
La participación ciudadana se sitúa en el centro de la nueva normativa. El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía ha articulado mecanismos que incluyen una consulta previa a la ciudadanía ante cualquier solicitud de instalación, así como la creación de comisiones de seguimiento con representantes institucionales y asociaciones vecinales. Con esta planificación, el municipio busca asegurar que cualquier desarrollo industrial cuente con todas las garantías ambientales, de salud y de seguridad para su población.
