Un ecijano lleva dos años reclamando por presuntas lesiones por la vacuna Covid
Un joven de Écija de 21 años lleva dos esperando una indemnización de 935.740 euros por las graves lesiones que, según certifican informes médicos, le causó la vacuna contra la Covid-19. A pesar de que la propia Consejería de Salud no descarta por completo la relación causal en sus informes, la aseguradora de la Junta de Andalucía no ha admitido acuerdo alguno sobre la indemnización.
El caso, que lleva dos años de retraso, sigue su tramitación en la Audiencia Nacional a la espera de sentencia. El afectado, que ahora tiene una discapacidad del 84%, está postrado en una silla de ruedas “de por vida” tras ser diagnosticado de mielitis transversal en relación temporal con la segunda dosis de la vacuna, que recibió en septiembre de 2021.
Su abogado, Fernando Osuna, matiza que “no decimos que no haya que vacunarse, todo lo contrario”, pero en este “rarísimo caso” se produjo “este desenlace tan nefasto”. Según detalla la reclamación, tras la vacunación comenzó a sufrir parestesias y debilidad en los brazos. En diciembre de 2021, aparecieron alteraciones motoras en las piernas y dolor de espalda que se agravaron hasta imposibilitarle caminar, lo que derivó en su ingreso en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con diagnóstico de “lesión medular incompleta”.
Su estado actual requiere ayuda de terceras personas durante dos horas diarias para tareas básicas como el aseo personal tras defecar o ducharse, y para cortar alimentos. Los informes neurológicos adjuntos a la demanda, de los hospitales Virgen del Rocío y de Écija, establecen de forma expresa la relación causal directa entre la vacuna y la mielitis que padece. Uno de los diagnósticos lo describe como “Mielitis-transversal en relación temporal con la segunda dosis de vacuna con Covid”.
La reclamación suma daños por perjuicio personal básico, moral, particular y patrimonial, incluyendo los gastos de rehabilitación y desplazamiento a Sevilla, que superan los 9.700 euros. El escrito legal argumenta que existe “responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria por un funcionamiento anormal de la misma”, basándose en jurisprudencia que invierte la carga de la prueba a la Administración para que demuestre la “inexistencia de relación” entre la vacuna y las lesiones.
