IU pide la intervención estatal contra la venta de las VPO de Écija a un fondo buitre
Diputados de Izquierda Unida en Sumar han registrado una iniciativa en el Congreso para abordar la situación de las 91 viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía, en la barriada ecijana de La Alcarrachela.
Salvador Bustamante, coordinador local de IU, explica que “la empresa propietaria de las viviendas incumple sus obligaciones desde hace cinco años: ni se preocupa del mantenimiento de las viviendas, ni paga impuestos al Estado ni al Ayuntamiento de Écija, mientras especula vendiendo las viviendas a precios abusivos”.
Bustamante matiza que la actual Ley de Vivienda no protege este caso concreto, dato que la norma no tiene carácter retroactivo, y apunta que el de las viviendas de La Alcarrachela puede ser un caso único en España, puesto que se trata de viviendas protegidas en alquiler, construidas con dinero público, que pasaron a un fondo de inversión privado sin que la administración autonómica ejerciera el derecho de tanteo y retracto al que se comprometió.
Los diputados Toni Valero, Engracia Rivera y Francisco Caballero plantean tres preguntas a la ministra de Vivienda, en el sentido de que valore la situación, que muestre la disposición de su ministerio a intervenir con “instrumentos legales” para recuperar las viviendas o facilitar su compra por los vecinos en condiciones justas, y que explique el plazo para actuar.
IU recuerda que las viviendas, construidas en el año 2000, fueron subastadas a consecuencia de un concurso de acreedores iniciado en 2013 y aprobado definitivamente en marzo de 2015, durante el mandato PP-PA. La Junta de Andalucía incumplió su promesa de ejercer el derecho de tanteo para mantener la titularidad pública de las viviendas.
La empresa adjudicataria ha hipotecado las viviendas, y ha mostrado su intención de venderlas a terceros, apuntando que en el año 2030 finaliza la protección de las mismas, con lo que entrarían en el mercado libre de vivienda. Los vecinos, muchos en situación vulnerable, exigen una solución “que sume” entre administraciones.
