Vecinos de las VPO vendidas a fondo buitre piden amparo a la Junta por hipotecas ilegales
Vecinos y vecinas de las viviendas protegidas de La Alcarrachela en Écija van a pedir ayuda a la Junta de Andalucía después de que el fondo buitre dueño de sus pisos haya comenzado supuestamente a negociar hipotecas sobre inmuebles aún protegidos.
Carmen Ruiz, portavoz de los afectados, denuncia que el fondo “ya tiene 8 pisos hipotecados y 5 embargados”, y ahora intenta vender otros 33 sin consultar a los inquilinos. Alrededor de 50 de las personas afectadas se han concentrado esta mañana ante el Ayuntamiento demandando una solución.
“Llegaron tres personas, uno de una inmobiliaria, a decirnos que les comprásemos los pisos o les pagásemos el alquiler a ellos”, relata Ruiz. La portavoz critica que el fondo buitre “no da la cara” pese a las demandas de reunión: “Llevamos un mes esperando. Hoy vende 10, mañana 5, y no sabemos cómo llamar a esto”.
Además, Ruiz aclara que los vecinos siguen pagando sus cuotas de alquiler por sus viviendas, pero que estas se destinan a saldar deudas del fondo buitre con Hacienda y con el Opaef, ya que la empresa propietaria de los pisos no cumple con sus obligaciones fiscales.
La alcaldesa, Silvia Heredia (PP), anuncia que el Ayuntamiento remitirá un escrito a la Junta para que “investigue el proceder de la empresa” y evite la ejecución de las hipotecas. “Son viviendas con carácter social; necesitamos que la Junta actúe”, afirma Heredia ante las presuntas irregularidades en las operaciones con las viviendas.
El fondo, acusado de fragmentar la propiedad, mantiene en vilo a los vecinos, que temen un desahucio masivo en el año 2030, cuando termina la protección legal de estas viviendas, ocupadas por personas en situación de vulnerabilidad social y que fueron subastadas por la quiebra de la empresa pública Sedesa.
