PSOE e IU-Podemos exigen al PP que rescate las VPO de La Alcarrachela
PSOE e IU-Podemos critican que el Gobierno local, presidido por Silvia Heredia (PP), no defienda la titularidad pública de las viviendas sociales en las calles Estatuto de Autonomía y La Luisiana, subastadas por la quiebra de la empresa Sedesa y adquiridas por un fondo buitre.
Ambos partidos denuncian la desprotección de los vecinos afectados y exigen soluciones políticas ante la posible venta de las viviendas por “una empresa morosa”, en alusión a que la entidad compradora no cumple sus obligaciones fiscales ni ha comprometido ninguna fecha para ponerse al día en el pago de los impuestos que adeuda.
El portavoz de IU-Podemos, Eligio García Jódar, acusa a la Junta de Andalucía y al Gobierno del PP de no proteger a los residentes y de “vender humo”. “Se ha sentado a los vecinos, que podrían verse en una situación extrema, con una empresa que no cumple sus obligaciones fiscales”.
IU-Podemos Écija insiste en que las viviendas deben mantenerse en el parque público. El viceportavoz de la confluencia, Mario Perea, critica que se priorice “el derecho de una empresa morosa a especular con la vivienda, por encima del derecho constitucional a una vivienda digna”.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Sergio Gómez, califica de “decepcionante” la reunión entre la alcaldesa, Silvia Heredia, los vecinos y la empresa propietaria. El concejal socialista enfatiza que el problema no es entre inquilinos y empresa, “sino que las viviendas en cuestión están asentadas sobre suelo municipal, fueron construidas con dinero público y, por tanto, deben ir a manos públicas”.
Gómez critica que la empresa busque “rentabilizar” las viviendas, intentando venderlas “casi al triple de lo que las compró en su día en subasta pública”. Además, denuncia que la empresa haya señalado que los contratos de alquiler expiran en 2029, lo que podría permitirle vender las viviendas en el mercado libre. “¿Estamos hablando de que la empresa pretende aguantar hasta entonces para promover lanzamientos y venderlas? ¿Eso es lo que estaba esperando?”, pregunta.
“El problema no es el precio, es que esas viviendas tienen que pasar sí o sí a manos públicas, porque son para personas que las necesitan”, subraya Gómez, que ha preguntado a la alcaldesa de Écija “si va a exigir a la Junta de Andalucía que ejerza el derecho de tanteo-retracto para adquirir esas viviendas” porque “no se trata de mediar, sino de actuar desde la política”.
