El PP pedirá hoy la tasación para subvencionar la compra de las 91 viviendas
El Ayuntamiento de Écija se reúne hoy, 14 de octubre, a las 17.00 horas, según fuentes municipales, con la nueva gerencia de la propiedad que ha adquirido las 91 viviendas sociales de las calles Estatuto de Autonomía y La Luisiana, en la barriada de La Alcarrachela, con el objetivo de conocer sus intenciones, averiguar la tasación del coste para adquirir los inmuebles en propiedad y buscar una salida a la problemática que sufren los inquilinos desde hace seis años.
El encuentro contará con la presencia de la Secretaria General del Ayuntamiento para levantar acta de todo lo tratado. Asimismo, el equipo de gobierno ha solicitado la asistencia de un representante de los vecinos, a la espera de que la propiedad confirme si acepta su presencia.
Con esta cita, el Ayuntamiento busca constatar si es viable avanzar con el protocolo de intenciones diseñado por los técnicos municipales y la Intervención. En palabras de Silvia Heredia, el propósito de la reunión es “saber exactamente qué intención tiene la empresa” y conocer “la tasación del costo de adquirir las 91 en propiedad y saber si podemos echar hacia adelante con el protocolo de intenciones que llevamos preparando durante estos últimos meses”.
Esta reunión se produce tras la celebración de una junta de portavoces extraordinaria, en la que se presentó a los grupos políticos y a la representación vecinal el borrador del plan municipal. La propuesta plantea la enajenación del suelo municipal donde se ubica la residencia de mayores Vitalia por un valor de 1,7 millones de euros. De esa cuantía, un millón de euros se destinará a subvenciones directas para apoyar la compra de los pisos por parte de las familias afectadas, mientras que los 700.000 euros restantes se invertirán en la mejora del río Genil.
Según ha detallado la regidora, la intención municipal es “enajenar un bien municipal y con el dinero que se pueda obtener de esa venta, ayudar mediante una subvención directa a una parte de la compra de estas viviendas”. No obstante, Heredia ha remarcado que este protocolo requiere el máximo consenso político y que condicionará su tramitación a la unanimidad del pleno municipal. “O sale por unanimidad o se quedará sobre la mesa”, afirma.
