febrero 15, 2025
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Política

El sector de la discapacidad alza la voz “por una financiación justa”

Asociaciones de personas con discapacidad han protestado para reclamar “una financiación justa”, a corto plazo, y un cambio en el modelo que permita atender con garantías a las personas con discapacidad y a sus familias.

Las asociaciones de este sector quieren “hacer visibles” sus reivindicaciones y este jueves han leído un ‘Manifiesto por la Financiación Justa para las Entidades de Discapacidad que, en Écija, ha leído la secretaria de la asociación de madres y padres de personas con discapacidad La Raíz, Sofia Ferrero, en la puerta de la sede de esta asociación.

“No podemos seguir así”, zanjan las entidades de discapacidad, que aseguran que “la situación es crítica y exige respuestas urgentes. En Andalucía, más de 550.000 personas con discapacidad dependen de los servicios que ofrecemos. Servicios de apoyo, atención y rehabilitación que no solo mejoran su calidad de vida, sino que también garantizan sus derechos fundamentales a la inclusión y a una vida digna. Sin embargo, estos servicios están bajo amenaza debido a la falta de una financiación adecuada y sostenible”, detallan.

Aseguran las entidades de discapacidad que “durante años” han soportado “una carga creciente de costes: aumentos salariales necesarios para dignificar el trabajo de nuestros trabajadores y trabajadoras, incrementos en los precios de suministros, mantenimiento y nuevas exigencias legales y normativas”, que ha provocado una disparidad “entre los costes reales de funcionamiento y los recursos que se destinan a la financiación de los centros” que “nos está llevando al límite de lo insostenible”.

Las reivindicaciones de la discapacidad se dirigen tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central. Así, al Ejecutivo de Pedro Sánchez le exigen un Pacto de Estado para la viabilidad del sistema e incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, que es abonado íntegramente por la Administración general del Estado, para alcanzar progresivamente el 50% de financiación de cada administración.

A la Junta de Andalucía le reclaman “un nuevo modelo de financiación que financie los servicios públicos que se nos encomienda por falta de medios propios para prestarlos”, y que permita cubrir “no solo los costes de funcionamiento, sino también los necesarios para ofrecer una atención de calidad, innovadora y ajustada a las necesidades de cada persona”.

“La discapacidad no es una cuestión de caridad, sino de derechos”, enfatizan las entidades de discapacidad. “Los servicios que prestamos y los recursos que gestionamos son el pilar que sostiene la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Sin ellos, muchas personas y familias quedarían desamparadas, relegadas al olvido y sin el apoyo especializado que necesitan”, concluyen.