Una ecijana lleva más de dos años esperando la valoración de su dependencia
Una mujer vecina de Écija de más de 80 años de edad lleva desde junio de 2022 esperando que la Junta de Andalucía valore su grado de dependencia. Su marido, que la cuida, ha recurrido al Defensor del Pueblo Andaluz, que insta a la administración a actuar.
En una resolución ante la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla, el Defensor del Pueblo recomienda que “sin más dilación se impulse la solicitud de reconocimiento de grado instada por la persona solicitante”, una mujer que sufrió una caída en abril de 2022, con fractura de la cadera y hombro derecho, para la que requiere atención continua.
El cuidado de la mujer recae sobre su marido, también octogenario, ya que sus descendientes residen en Madrid y no disponen de familiares cercanos que les puedan prestar algún tipo de apoyo. La mujer acude al centro de día de Vitalia en Écija, pero en la actualidad se encuentra con dificultades para seguir afrontando el coste de la plaza.
El marido de la mujer dependiente presentó una queja el 3 de agosto de 2023 exponiendo que el 8 de junio de 2022 “habría presentado solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia de su esposa”, sin que a día de presentación de la queja, más de un año después, hubiera sido “siquiera valorada”.
A requerimiento de la Defensoría, la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla afirmaba que había sido asignado personal valorador para proceder a la valoración de la interesada, “la cual contactaría telefónicamente para concertar cita”. El vecino que cuida a su mujer, “además de reiterar su pretensión y las difíciles circunstancias en la que se encuentra”, solicitó atención telefónica de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, “desde donde le informaron que volverían a contactar telefónicamente con él, a finales del mes de enero”.
“Sin embargo, transcurren los días y continúa a la espera de que se produzca tal llamada, mientras tanto, los ahorros económicos se agotan y teme no poder continuar afrontando el elevado coste de la plaza residencial”, señala en su resolución el Defensor del Pueblo.
La Defensoría recuerda que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses”, y que en el caso de la vecina de Écija “se ha superado en exceso el plazo máximo legal para el reconocimiento del grado de dependencia de la afectada y el posterior reconocimiento de la prestación o recurso correspondiente a la dependencia de la misma”.
“La demora administrativa vulnera la normativa estatal y autonómica”, censura el Defensor del Pueblo, que recomienda a la Junta de Andalucía que “sin más dilación se impulse la solicitud de reconocimiento de grado instada por la persona solicitante, mediante su valoración y el dictado de la correspondiente resolución sobre su situación de dependencia (…) para la elaboración de su programa individual de atención”.
