El abogado de los afectados de La Alcarrachela se ofrece gratis a dirigir el recurso municipal
Francisco Tejado, el abogado que defiende a las 91 familias de la barriada ecijana de La Alcarrachela cuyas viviendas protegidas fueron vendidas a un fondo buitre, se ha ofrecido a dirigir de forma gratuita el recurso judicial interpuesto por el Ayuntamiento de Écija para que la Junta de Andalucía anule su adjudicación.
El recurso se oficializó ante los Juzgados de Écija el pasado 11 de mayo, mediante un decreto de Alcaldía y a través de una moción aprobada en su día a instancias de IU y Podemos Écija, los dos partidos a instancias de quienes el abogado defiende a las familias afectadas por la venta de esas viviendas, y que litigan para recuperar la titularidad pública de las mismas.
El recurso municipal se apoya en defectos legales en la adjudicación a un fondo buitre esas viviendas, cuyos inquilinos son personas con escasos recursos económicos a quienes no se ofreció su derecho a optar a adquirir sus viviendas, como reconoció en su día la Consejería de Fomento de la Junta.
En enero pasado, la corporación en pleno apoyó pedir a la Junta de Andalucía que reclamara la nulidad de la venta de las 91 viviendas, algo que no ha hecho el Gobierno autonómico de Juanma Moreno (PP). La protección social de las viviendas afectadas por esta venta a un fondo buitre se extingue en octubre de 2030.
La Junta de Andalucía ha reconocido que el fondo privado que compró por más de 1,1 millones las 91 viviendas no cumplió el trámite de comunicar su adquisición, con lo que imposibilitó a las familias inquilinas ejercer su derecho de retracto sobre las viviendas. Ese defecto legal permite al abogado de las personas afectadas afirmar que “el fondo buitre no cumplió con las exigencias legales, y la Junta de Andalucía puede instar la nulidad de la adjudicación”.
“Esperamos que lo haga y nos evitaremos el procedimiento judicial”, añade Tejado, que afirma que “hemos encontrado la solución para que esas viviendas vuelvan a sus inquilinos, y vamos a conseguir que no tengan que salir de sus viviendas y que quienes venían a hacer negocio no vengan a jugar con un derecho fundamental como el derecho a la vivienda”.
El abogado añade que pedirán responsabilidades por la venta de las viviendas a un fondo buitre “cuando todo esto se consiga”. “Vamos a reclamar patrimonialmente contra quien tenga que responder de sus actos, los políticos son servidores de la ciudadanía y la ciudadanía no tiene que vivir con miedo y temor; eso alguien lo va a tener que indemnizar”, concluye.
