diciembre 6, 2022
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Política

El Consorcio Plan Écija recurre también la prórroga de la privatización del agua

El Consorcio de Abastecimiento del Plan Écija ha presentado un recurso de reposición frente al acuerdo del pleno del Ayuntamiento ecijano para prorrogar por diez años – hasta 2036 – la concesión del servicio de agua potable a la empresa privada Aqualia. El Plan Écija avisa que, de no rectificar ese acuerdo, interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra el mismo.

El acuerdo plenario del pasado 5 de agosto, aprobado con un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento de Écija y con el voto a favor de PSOE, Fuerza Ecijana (FuE) y Ciudadanos (Cs), afecta “a la ejecución del Convenio de Colaboración entre el Consorcio Plan Écija y el Ayuntamiento de Écija de cesión de las competencias municipales de depuración y tratamiento de aguas residuales”, según el Consorcio.

Sostiene el Plan Écija que los acuerdos adoptados por el pleno “no resultan ser ajustados a Derecho y son lesivos para los intereses del Consorcio”. Entre sus argumentos, apunta la entidad responsable del suministro de agua en alta que en el contrato suscrito en 2001 entre el Ayuntamiento de Écija y Aqualia para la privatización del agua “no consta la posibilidad de prórroga alguna” y que “el plazo de duración del contrato será de 25 años”.

“Por tanto, el contrato tenía una duración improrrogable hasta el día 8 de diciembre de 2026”, sostiene el recurso del Plan Écija, que se apoya en el informe de la Secretaría General del Ayuntamiento ecijano para apuntar que la prórroga de la privatización del agua afecta a los “derechos conveniados, e incluso estatutarios”, del Consorcio, que “no ha sido llamado al expediente, ni notificado de la resolución de este, aun resultando afectado por los actos administrativos obrantes en aquel”.

“Se han podido incumplir trámites tan esenciales como la audiencia de un interesado en el expediente o la ausencia de notificación expresa, al mismo, de acuerdos que le afectan, de forma directa, en sus derechos, respecto del cumplimiento de acuerdos convencionales (Convenio de Colaboración en materia de Depuración) y Estatutarios (acuerdos adoptados en 2005 por el propio Pleno de Écija)”, señala.

Además, la ampliación de la privatización del agua “supone, en la práctica, la imposibilidad material de cumplir con el Convenio de Colaboración entre el Consorcio y el Ayuntamiento de Écija de cesión de competencias municipales de depuración y tratamiento de aguas residuales (…) al haberse ligado el momento temporal de su recepción a la finalización del contrato concesional entre el Ayuntamiento y Aqua Campiña, fijado, de forma inicial, para el 28/07/2026. Ni obtener el cambio de titularidad de la actual autorización de vertido de las aguas residuales procedentes del núcleo urbano de Écija”.

“Los graves incumplimientos anteriores podrían, incluso, determinar la aplicación de la cláusula décima del Convenio y la aplicación de la cláusula de penalidad”, añade el Plan Écija en su recurso, y añade que las obras contra inundaciones con que el Gobierno local (PSOE) justifica la privatización del agua por diez años más “se configuran como un problema histórico que tiene la ciudad de Écija”, y “podrían haberse incluido en el objeto del contrato de gestión de los servicios públicos en el momento de su licitación, de tal forma que puede concluirse que no nos encontramos ante una situación imprevista ni imprevisible para el órgano de contratación”.

El Consorcio pide al Ayuntamiento de Écija que “revoque mediante nulidad o subsidiariamente anulabilidad los acuerdos adoptados” el 5 de agosto, conceda “inmediato trámite de audiencia al Consorcio en el expediente citado a fin de que alegue cuanto convenga a su Derecho” y solicita “la inmediata suspensión de la ejecutividad de los acuerdos y actos administrativos recurridos, hasta tanto no se resuelva el recurso de reposición que nos atañe”. En el supuesto de que no se celebre en septiembre un pleno municipal “para resolver de forma satisfactoria” la decisión recurrida, el Plan Écija anuncia  un recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos y actos administrativos recurridos.