octubre 24, 2021
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Política

El Ayuntamiento de Écija recurrirá el rechazo de la Junta a rescatar las VPO subastadas

El Ayuntamiento de Écija ha anunciado un recurso de alzada contra la resolución de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio rechazando ejercitar el derecho de retracto sobre la titularidad de las 91 viviendas sociales adquiridas en subasta por un fondo de inversiones dentro de la venta de activos de la quebrada empresa municipal Sedesa.

El Gobierno local (PSOE) sostiene que hay “posibles visos de nulidad” en la resolución emitida por la delegación territorial de la Consejería de Fomento en Sevilla el pasado 28 de junio y recibida por correo postal ordinario en el Ayuntamiento de Écija la tarde del pasado 2 de julio.

El concejal de Gestión del Espacio Urbano, Sergio Gómez, afirma que tanto los servicios jurídicos municipales como la Secretaría General del Ayuntamiento trabajan en un borrador para presentar el citado recurso, al entender que “hay fundamentos jurídicos” para ello, “independientes de la dejadez y la desidia que ha manifestado en este asunto la Junta de Andalucía”, denuncia Gómez.

Para el edil socialista la resolución de Fomento negándose a rescatar las 91 VPO muestra “una deslealtad institucional tremenda”. Gómez recuerda que el pasado el Ayuntamiento pidió por escrito a la administración autonómica que ejercitara el derecho de retracto sobre las viviendas subastadas tres días después de recibir la confirmación de su compra, el 24 de mayo.

“No recibimos respuesta de ningún tipo, no recibimos cita después de haberla solicitado a diario por parte de la Alcaldía a la Secretaría de Vivienda; la Junta de Andalucía nos ha ido dando largas y diciendo que estaban estudiando el asunto y que estaba pendiente del informe de la jefatura de servicio, algo rotundamente falso, porque el 14 de junio había terminado el plazo [para ejercer el derecho de retracto]”, relata el concejal de Gestión del Espacio Urbano.

“Es un despropósito absoluto y tenemos fundadas sospechas de que se ha jugado con los plazos”, se queja Sergio Gómez, “no nos han dicho lo que estaba ocurriendo, ante un tema que está generando alarma social”. Inquilinos de las viviendas afectadas tienen previsto desplazarse hoy al Parlamento de Andalucía para asistir a la sesión plenaria en que tiene que darse respuesta a una iniciativa sobre esta cuestión.