El Gran Hermano
Ha levantado singular polémica la propuesta que la Fiscal General del Estado, María José Segarra, realizó días atrás en relación a la instalación de cámaras de vigilancia en las aulas a efectos de minimizar y prevenir determinados delitos cometidos sobre menores.
El Ministerio Público indicó que “esas grabaciones disuadirían de la comisión del delito o facilitaría la siempre problemática acreditación de los hechos”, evitando “que determinadas personas se vean sometidas a tan lacerantes como infundadas sospechas o imputaciones”.
Debemos indicar que en España no hay problemas graves de convivencia. Ni de violencia en las aulas. Eso es lo que dicen los estudios y los datos, las evidencias sólidas en torno a las cuales, se deben articular los diagnósticos para que estos sean mínimamente fundados y solventes. Aun así, un sólo caso de acoso, de violencia o de agresión a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sería demasiado y nos exige tolerancia cero.
El ‘Estudio internacional de la enseñanza y el aprendizaje’, publicado el pasado 19 de junio revela que “en España la gran mayoría de los centros de Educación Primaria no presentan problemas de seguridad con frecuencia (al menos semanalmente) y, de esta manera, se puede afirmar que proporcionan un entorno seguro a los estudiantes.
En efecto, algunos incidentes que preocupan especialmente a los padres ocurren en una proporción muy baja de centros. Los daños físicos causados por violencia entre alumnos afectan al 2% de los centros de secundaria en el promedio OCDE-30 y al 1,4% en el total UE-23, mientras que apenas llega al 0,5% de los centros de España. Por lo tanto, los centros españoles de educación obligatoria tienen un alto nivel de seguridad, de manera que se puede afirmar que en su gran mayoría, están libres de sufrir, semanal o diariamente, incidentes relacionados con la seguridad escolar proporcionando a los estudiantes un entorno protegido.
Evitemos los debates morbosos, estériles y manoseados entre libertad y seguridad, entre derechos sin obligaciones y centremos los esfuerzos en lo verdaderamente necesario: el interés superior del menor. Y en la escuela, ese interés radica en garantizar que el menor pueda aprender y se desenvuelva con plena integridad. Aquellos que pretenden criticar esta medida arguyendo frívolamente que los IES no son el Gran Hermano, quizás deberían convivir una temporada en determinados ecosistemas. Es muy fácil y cómodo defender ciertas utopías cuando las consecuencias de éstas las sufren otros.
Lo que los titulares de las direcciones de los centros deben preservar siempre es la seguridad e integridad psicofísica de los menores, que se encuentran bajo la tutoría delegada de estos durante la jornada escolar y dentro de las instalaciones docentes (artículo 1903 del Código Civil). Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pudieran generar.
