Urbanismo denuncia la destrucción de restos arqueológicos en la finca La Isla

El Ayuntamiento de Écija ha denunciado ante la Fiscalía y ante el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de la ciudad a los propietarios da la finca La Isla, por la presunta destrucción de dos yacimientos arqueológicos y por haber llevado a cabo supuestas actuaciones sin las licencias y autorizaciones oportunas.

La Isla, Las Islas o La Isla de los Soldados, que por los tres nombres es conocida la finca, fue adquirida en 2015 tras enajenarla el Ministerio de Defensa. Sus propietarios llevaron a cabo en el verano de 2016 tareas supuestamente de desbroce, para ampliar a regadío las tierras, en las que una parte de sus cerca de 500 hectáreas son terrenos de secano.

Según el concejal de Gestión del Espacio Urbano, Sergio Gómez, una inspección in situ de octubre de 2016 reveló que se estaban llevando a cabo obras y movimientos de tierra de gran calado sobre terrenos en los que se asentaban dos yacimientos arqueológicos de grado 1 – el máximo fuera de la catalogación extraordinaria – y que corresponderían a una villa romana con una necrópolis que se continuaba en el tiempo con restos de un poblamiento de época andalusí, en el primer caso, y con poblamientos prehistóricos que también se prolongaban en el tiempo hasta época romana y andalusí en el segundo de los yacimientos.

La inspección también reveló obras en zona cercana a la carretera A-388, la que une Écija con Herrera, en la que se había creado un talud de cuatro metros de altura sin respetar la distancia legal establecida; igualmente se detectó que se había actuado en zonas cercanas a cauces y a vías preferentes, “y, por lo tanto, desde disciplina urbanística se levanta acta para que cesen inmediatamente y se implanten medidas cautelares de paralización de las obras” hasta que la propietaria “presente proyecto como estipula la Ley del Suelo”.

En una reunión con los propietarios de La Isla, estos presentan “un proyecto irrisorio por 70.000 euros” para la modernización de regadíos que, tras la paralización de las obras, corrigieron y elevaron a más de 1,5 millones solicitando además los oportunos permisos de ejecución ante la Consejería de Cultura de la Junta y ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Siempre según la versión municipal, desde finales de noviembre de 2016 se han venido sucediendo denuncias vecinales y una del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que obligaron a Urbanismo a paralizar las obras y a que la Policía Local precintara las instalaciones, al desobedecer la empresa los requerimientos municipales y mientras se resolvían las cautelas arqueológicas y las licencias de obras en trámite.

En una visita posterior, en mayo, “nos damos cuenta que no solo han roto los precintos realizados por funcionarios públicos, sino que han continuado con las obras y las han puesto en servicio”, denuncia Sergio Gómez. “Es decir, a día de hoy hay parcelas que están sobre yacimientos arqueológicos, que no han tenido licencias, que no han tenido cautelas arqueológicas ni el seguimiento por parte de un arqueólogo de los movimientos de tierra realizados, y con varias denuncias que se están tramitando por atravesar cauces, arroyos y atravesar y modificar concesiones”.

También Cultura y el Seprona han denunciado las actuaciones en la finca, en la que han aparecido en superficie desde cerámicas romanas, mármoles y huesos de tumbas visigodas. “Una auténtica barbaridad, lo que se ha realizado”, resume el responsable municipal de Urbanismo, que explica que ahora se está pendiente de los informes de Cultura y de la resolución de la CHG, con una obra comenzada y puesta en servicio en su mayor parte por una empresa que ha “incumplido las normas habidas y por haber” y en la que “gran parte del daño que se podía hacer ya se ha hecho”, lamenta.