El Ayuntamiento de Écija sigue sin presentar sus cuentas
El Ayuntamiento de Écija es uno de los dos de la provincia de Sevilla que no ha cumplido con la norma legal de presentar sus cuentas en los tres últimos ejercicios. El de 2012 fue el último en que el consistorio ecijano rindió cuentas. Desde entonces no ha presentado ni las de 2013, ni 2014 ni 2015, el último año fiscalizado.
En su informe sobre la rendición de cuentas del sector público local andaluz, la Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) señala al consistorio astigitano como uno de los “mayores incumplidores entre los ayuntamientos de mayor población” en la provincia de Sevilla.
El otro es el Ayuntamiento de Carmona, que tampoco ha rendido las cuentas de los tres últimos ejercicios fiscalizados. La situación no es nueva. También el Tribunal de Cuentas recoge en la web rendiciondecuentas.es que el consistorio astigitano incumple su obligación de presentar sus cuentas en tiempo y forma desde el año 2013.
La Cámara de Cuentas cerró el plazo para la elaboración de su informe el 1 de marzo de 2017. En esa fecha, de los 777 ayuntamientos andaluces “solo han rendido en plazo 149, es decir, el 19,18%, y 387, el 49,81%, han rendido antes de la finalización de los trabajos de campo”, según la CCA.
Las entidades locales andaluzas – ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones provinciales – deben rendir sus cuentas tanto a la Cámara de Cuentas de Andalucía como al Tribunal de Cuentas. En este último caso, deben hacerlo antes del 15 de octubre del ejercicio siguiente. Sin embargo, los datos del órgano fiscalizador muestran que el Ayuntamiento astigitano no ha cumplido con su obligación en los tres últimos ejercicios. Las últimas cuentas presentadas por el consistorio son las del año 2012. Desde entonces, no ha presentado las de ningún ejercicio presupuestario.
La Ley de Haciendas Locales establece “la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas”. Una vez rendidas las cuentas, el tribunal examina y valora la gestión económica del organismo local, al que debe “proponer” las correcciones de las anomalías.
