La solución para la Cañada del Rabadán pasa por el Congreso
El problema territorial de la Cañada del Rabadán necesita de una Ley Orgánica que debe aprobar el Congreso de los Diputados como culminación del trámite de alteración de los límites provinciales que debe iniciar la Junta de Andalucía. Una permuta de terrenos entre los dos ayuntamientos afectados puede poner fin al conflicto.
Es lo que concluye el informe de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, un organismo que depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, emitido a instancias de la diputada popular Silvia Heredia, también concejala en el Ayuntamiento de Écija. La edil planteó “la problemática territorial y urbanística existente en los terrenos comprendidos en el núcleo urbano de Cañada del Rabadán y El Villar del Marco”, que afecta a dos municipios, Écija y Fuente Palmera, de dos provincias distintas, Sevilla y Córdoba.
Ambos ayuntamientos coinciden en que la solución a la parálisis urbanística de Cañada del Rabadán – una pedanía de Fuente Palmera que depende administrativamente de Sevilla pero paga impuestos y recibe servicios de la de Córdoba – pasa por una permuta de terrenos entre ambos términos municipales. Pero esa solución implica un cambio de los límites provinciales de Córdoba y Sevilla, por lo que en el desbloqueo del embrollo legal es necesaria la intervención de la Junta de Andalucía y del Gobierno central.
La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas señala que “la alteración de los términos municipales dentro del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma le compete a la propia Comunidad”, y cita en este sentido el Estatuto de Autonomía de Andalucía, aunque también el artículo 141.1 de la Constitución, que establece la necesidad de una Ley Orgánica de las Cortes Generales para la aprobación de cualquier alteración de los límites provinciales.
“En suma, el ordenamiento jurídico actual contiene los mecanismos necesarios para que, por parte de las instituciones andaluzas, se inicien las actuaciones oportunas que, en caso de estimar procedente la alteración de los límites provinciales deberán culminar con la aprobación de una Ley Orgánica” por parte del Congreso de los Diputados, concluye el informe de la Secretaría de Estado.
