septiembre 18, 2020
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Política

Ceder la EDAR a Aqua Campiña beneficia a los vecinos, dice el PA

Con la adjudicación directa a la empresa Aqua Campiña de la gestión de la depuradora de aguas residuales (EDAR), el Gobierno local (PP-PA) “hace lo que más beneficia a los ecijanos”. Así lo entiende el portavoz andalucista, Fernando Reina, que asegura que el servicio costará menos a los ecijanos que si lo gestionara el Consorcio de Aguas Plan Écija.

El pleno de la corporación ha rechazado con los votos a favor de once de los doce concejales de PP y PA y el voto negativo de PSOE e IU tanto la suspensión de la adjudicación del servicio como el recurso de reposición contra la misma, ambos presentados por el PSOE.

Los socialistas reclamaban que se sacara a concurso la gestión de la EDAR “para que puedan optar otras empresas”, porque, de lo contrario, “se vulnera la libre concurrencia”. “No se puede favorecer a una empresa y no vamos a ser partícipes de que se adopte un acuerdo contrario a la ley”, critica el PSOE, que se ampara en el informe de la secretaría municipal que dice que la depuración de aguas es un servicio nuevo distinto del suministro de agua, que se adjudicó en 2001 a Aqua Campiña.

Para el Gobierno local, sin embargo, “estaba previsto en el contrato de 2001 que en el momento que hubiera una EDAR en Écija la iba a gestionar la empresa que se hiciera cargo del abastecimiento de agua”.

“El problema del PSOE es que quiere que el Plan Écija gestione la EDAR, y eso va en detrimento de los intereses de los ecijanos”, afirma el portavoz del PA, Fernando Reina, que acusa a los socialistas de hacer “demagogia pura y dura” y asegura que la gestión de Aqua Campiña en la depuradora resultará más barata a los ecijanos.

Reina apoya sus argumentos en dos informes técnicos contrarios al de la secretaría municipal – “que me merece todo el respeto pero que no es vinculante”, señala – que aseguran que sacar a licitación pública la depuradora “perjudica los intereses municipales”.

La denuncia del PSOE “no tiene recorrido en juzgados”, sentencia Reina, que concluye que “lo que se ha hecho es lo correcto, es de sentido común y beneficia el interés general”.