Un matrimonio anciano denuncia a su banco por la pérdida de sus ahorros

Manuel y Josefa son un matrimonio ecijano. Tienen 82 años y han iniciado acciones judiciales contra su banco “por engaño”, en concreto por haberles hecho perder más de la mitad de sus ahorros, depositados en el banco.

Esta pareja suscribió hace once años participaciones por importe de 36.000 euros que se han quedado en 16.000. Según su abogado, Fernando Osuna, Manuel y Josefa firmaron participaciones preferentes “sin ser informados por el banco del riesgo que corría la inversión”, a la que el matrimonio destinó todos sus ahorros, “heroicamente conseguidos en su vida, a base de trabajo y sacrificio, y que eran una garantía para su ancianidad,  se han visto reducidos en 20.000 euros menos”.

“Era el dinero que guardaban para estar bien en sus últimos años, nunca dieron que quisieran especular ni invertir con sus ahorros”, defiende Osuna, que define a sus defendidos como “personas pobres, muy mayores y casi analfabetas”. “No tenían conocimientos de cuestiones bancarias y estaban convencidos de que nunca perderían cantidad alguna de sus depósitos bancarios”, según el abogado.

“Una persona con la edad que tenían ellos cuando firmaron las participaciones preferentes no es nada especuladora, nunca se arriesga”, continua Fernando Osuna, que señala que “a Manuel casi le da algo cuando comprobó el extracto de su cuenta y vio que le habían desaparecido 20.000 euros de los 36.000 que tenía ahorrados”.

En el requerimiento dirigido al banco, el abogado de esta pareja de ancianos entiende que el banco es “a todas luces responsable” de la pérdida de esos ahorros, “por no haber informado adecuadamente al  consumidor, con anterioridad a la suscripción de las participaciones preferentes, de que corría el riesgo de dicha disminución”. De haber conocido el riesgo, asegura el letrado, sus clientes nunca hubieran contratado el citado producto bancario.

Eso supone “una clara vulneración del artículo 10.3 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que exige que las cláusulas contractuales se ajusten a la buena fe y al justo equilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes contratantes”, dice Osuna, que igualmente señala que hay “numerosas sentencias” que avalan la nulidad de este tipo de contratos y la devolución d ela cantidad supuestamente estafada.