Piden amparo a la Junta ante la venta de sus viviendas a un fondo buitre
Las 91 familias de Écija afectados por la venta de sus viviendas protegidas a un fondo buitre han solicitado por escrito una reunión urgente con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Han dirigido una carta al presidente andaluz para exponer su situación “de desamparo” tras la venta de sus viviendas sociales a un fondo buitre.
Las viviendas, en la barriada ecijana de La Alcarrachela, las construyó la empresa municipal Sociedad Ecijana para el Desarrollo Económico (Sedesa), que recibió para esa promoción de viviendas una subvención a fondo perdido de 815 millones de pesetas (4,9 millones de euros) de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
La quiebra de la empresa pública derivó en una subasta de sus bienes, entre los que entraron las viviendas de La Alcarrachela, que fueron adquiridas por un fondo buitre, que pagó 12.637 euros por cada una y por las que pide a sus actuales inquilinos entre 40.000 y 50.000 euros por cada una.
Las familias afectadas, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, denuncian que la subasta de sus viviendas se llevó a cabo a pesar de las garantías ofrecidas en 2019 por la Delegación Territorial de Sevilla, que les aseguró que la Junta de Andalucía ejercería el derecho de retracto, algo que no hizo.
Los vecinos invocan en su carta al presidente andaluz el artículo 47 de la Constitución Española, relativo al derecho a una vivienda digna, y reclaman “una solución política urgente” y “transparencia y acciones concretas” para evitar su desalojo que relacionan con “la especulación inmobiliaria ejercida con nuestras viviendas”.
El Grupo parlamentario Por Andalucía ha expresado su apoyo a la reclamación de las familias. El parlamentario autonómico de Por Andalucía y coportavoz de Podemos Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, ha indicado que “lo que exigimos es que Moreno Bonilla se ponga del lado de los vecinos, se ponga del lado de las familias, las proteja y no le ponga alfombra roja a los fondos buitres”.
Por su parte, el PSOE acusa al Gobierno andaluz de dejar “indefensas” a las 91 familias afectadas. La parlamentaria socialista Verónica Pérez criticó duramente al Gobierno andaluz durante la comisión de Fomento por no proteger a los inquilinos de Estatuto de Autonomía y responsabilizó a la consejera y a la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia, de la “mala gestión” que llevó a la situación actual.
