PP y Cs rechazan ejercitar el derecho de retracto sobre las 91 VPO subastadas
El PP de Andalucía y Ciudadanos (Cs) han rechazado la proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio para demandar a la Junta que ejercite el derecho de retracto en relación a las 91 viviendas sociales de la barriada de La Alcarrachela compradas por un fondo inversor en el proceso de liquidación de la empresa pública Sedesa.
Tanto el PP como Ciudadanos han achacado al PSOE que su PNL “carece de rigor” y han vinculado el problema de la subasta y posterior compra de las viviendas – habitadas por familias vulnerables con escasos ingresos – a “problemas de gestión” de la empresa pública Sedesa, “que entró en concurso de acreedores en 2013”.
La representante del PP en la Comisión de Fomento, Virginia Pérez, ha asegurado a los socialistas que “lo que ustedes pretenden no se puede hacer” y ha vuelto a argumentar que una modificación de 2018 de la ley que regula el derecho de tanteo y retracto impide llevar a cabo el rescate de las 91 viviendas ecijanas.
Pérez ha acusado al Ayuntamiento de Écija de originar el problema con la quiebra de Sedesa en 2013. “Estaríamos encantados de poder solventar los problemas que se generan en otras administraciones”, asegura la dirigente del PP, “este es un problema que surge en el año 2013”.
“Estamos hablando de la ejecución hipotecaria de unas viviendas de titularidad de una empresa pública municipal, y tendría que haber fundamentalmente un señor que no durmiese por las noches desde el año 2013, que son los titulares del Ayuntamiento de Écija”, ha señalado Virginia Pérez. Entre 2011 y 2015, el Gobierno local de Écija estuvo presidido por Ricardo Gil-Toresano, del PP.
Para la dirigente popular, “es fundamental que quienes generan el problema también pongan encima de la mesa la solución. Consideramos que lo idóneo es que el derecho de retracto lo ejerza el Ayuntamiento de Écija y sea la Sociedad Ecijana para el Desarrollo Económico, Sedesa, quien lo haga, que lo solicite y que el Consejo de Gobierno, si la normativa lo permite, le ceda ese derecho al Ayuntamiento de Écija, que ya digo que no se puede hacer”, concluye Virginia Pérez.
