“El expolio del Palacio de Peñaflor es susceptible de causa penal”
El abogado ecijano Fernando Osuna piensa que existen responsabilidades penales en la desaparición de bienes muebles durante las frustradas obras para convertir el Palacio de Peñaflor en un hotel. Aunque el caso se cerró hace un año, Osuna opina que podría volver a abrirse.
Osuna asegura que “lo sucedido en el palacio es susceptible de causa penal” y que las penas en caso de que los responsables fueran encausados irían de de uno a tres años “más las responsabilidades civiles y la devolución de lo sustraído”.
“Son penas altas, penas de 100.000 euros a un millón, según la gravedad”, afirma el letrado, que apunta la existencia de jurisprudencia anterior, en concreto sentencias del Tribunal Supremo sobre sucesos similares en Gibraleón (Huelva), la biblioteca diocesana de Zamora y en Fregenal de la Sierra (Cáceres).
Osuna ha ofrecido estos datos, entre otros, en una conferencia organizada por la asociación Amigos de Écija sobre el proceso judicial seguido en el presunto expolio de los bienes muebles del Palacio de Peñaflor, que llevó en parte su bufete de abogados.
El Palacio de Peñaflor tiene la calificación de monumento nacional desde 1963, “y es un importante centro de atracción turística”, propiedad del Ayuntamiento de Écija desde 1990, recuerda el letrado, que repasó en su charla el proceso de deterioro del edificio desde que en 2003 fue desalojado para iniciar las frustradas obras de su conversión en un hotel de lujo.
La adjudicación de las obras ya fue, para Osuna, “un tanto anómala y peculiar, ya que no se daban todas las garantías”. El 28 de abril de 2005, las obras del hotel en Peñaflor se adjudican a la empresa Villa Turística de Serón S.A. (Viturse) y “empiezan los problemas y los daños en la fachada”, rememora Osuna.
Con la posterior suspensión del proyecto, el inmueble queda abandonado y en ruinas. Además, acusa el abogado, tiene lugar el expolio de parte de sus bienes muebles, trasladados del edificio a una nave industrial. “Desaparecen muchos cuadros, sillas, mesas, escritorios, jarrones, lámparas…”, enumera Osuna.
Un ciudadano particular denuncia el hecho como presunto delito contra el patrimonio. A la causa judicial se une el Partido Andalucista (PA), que se presenta como acusación popular, para lo que contrata al bufete de Fernando Osuna, que actúa de manera desinteresada “en defensa de una causa que considerábamos noble, justa y en defensa de un bien de nuestro patrimonio histórico”.
“Nos encontramos sin pruebas concretas, todo lo que teníamos eran indicios”, dice Osuna. El PA se retira del caso y el abogado lo deja “porque no tenía cliente”. “Todo se hizo muy mal, la fiscalía tuvo una actuación muy censurable, debió implicarse más, y el juez no pudo seguir de oficio una vez que las acusaciones desaparecen”, lamenta Osuna.
El único acusado, el gerente de Viturse, no acudió a declarar pese a ser citado. “No pudo ser localizado pero el juez lo consideró imputado. Yo mismo tuve que ir a un barco en un puerto de Almería donde aparecía que tenía fijado su domicilio este individuo, que tenía un bagaje delictivo considerable”, recuerda Osuna.
En opinión del abogado, el problema reside en la inactividad de la administración. “La ley de patrimonio histórico dice que los ayuntamientos cooperarán en la conservación y custodia del patrimonio, y algunas administraciones han tomado cartas en el asunto en sucesos parecidos”, algo que no ha ocurrido en este caso.
Según Osuna, quedan dos años para que prescriba el presunto delito contra el patrimonio cometido en el Palacio de Peñaflorl. El abogado cree que el caso se puede reanudar tomando la vía de las acciones penales, recurriendo a la abogacía del Estado para que entable acciones civiles “o que retome el litigio una asociación o grupo de usuarios que pueden recurrir a la justicia gratuita”.
