Cortés opone la expropiación de pisos a la de la plaza de toros de Écija
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, se ha preguntado este jueves “cómo es posible que el PP plantee desde el Gobierno la inconstitucionalidad de la expropiación temporal del uso” de la vivienda planteada por la Junta “mientras que apoya en Écija la expropiación forzosa de una plaza de toros”.
Así se ha pronunciado en Úbeda (Jaén) y a preguntas de los periodistas sobre la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Función Social de la Vivienda.
“El Ayuntamiento de Écija va a aprobar en el pleno la expropiación de la plaza de toros para declararla de utilidad social“, recuerda Cortés, que se ha cuestionado “cómo es posible que el PP plantee desde el Gobierno la inconstitucionalidad de la expropiación temporal del uso para defender el derecho humano que tienen las familias a una vivienda digna, mientras que apoya en Écija la expropiación forzosa de una plaza de toros”.
“Yo no digo que no sea constitucional, digo que tan constitucional es una expropiación como la otra, aunque es evidente que tienen una vocación social diametralmente distinta”, dice la titular de Fomento y Vivienda.
Cortés (en la foto, el pasado mes de junio, firmando con el alcalde de Écija el acuerdo para poner en marcha una oficina municipal antidesahucios) apunta que el recurso del Gobierno central “encarecerá el acceso a la vivienda, promoverá la especulación y desprotegerá a todas las familias andaluzas en proceso de desahucio”, y critica que ha sido adoptada, además, “para proteger los intereses de la élite financiera y los especuladores de la vivienda”.
La consejera ha explicado que la sentencia “podrá tardar años”, y que en cuanto llegue el recurso al Tribunal Constitucional, su departamento va a remitir escritos “a los jueces de cada uno de los casos” en los que se ha expropiado viviendas para evitar desahucios solicitando “que no se ejecute el desalojo hasta que no haya una sentencia firme” y va a pedir “el levantamiento de la suspensión cautelar sin agotar el plazo de cinco meses, al quedar desprotegidos derechos fundamentales como el derecho a la vivienda” con el “daño irreparable” que podría conllevar.
