El PSOE defiende la legalidad de los ingresos del PGOU
Las operaciones contables ligadas a los adelantos por convenios urbanísticos del Plan de Ordenación Urbana (PGOU) estaban avaladas por los técnicos municipales oportunos. Así lo asegura el PSOE, al que PP y PA acusan de haber desviado 9 millones de esos convenios para gasto corriente.
“Todo el dinero que provenía de los convenios urbanísticos llevaba la firma de los funcionarios responsables”, señala el portavoz municipal del PSOE, Fernando Martínez, para quien el anuncio de que el alcalde, Ricardo Gil-Toresano (PP), debe acudir el 8 de octubre al Tribunal de Cuentas a aclarar “presuntas irregularidades contables” en la tramitación de ese dinero es una cortina de humo del actual Gobierno local (PP-PA).
La citación del Tribunal de Cuentas se anunció durante el debate plenario de la petición de los socialistas de anular la concesión de la depuradora de agua a la empresa Aqua Campiña, en lugar de gestionarla directamente el Ayuntamiento de Écija, como pretendía el PP en un principio. Los socialistas consideran ilegal esta adjudicación directa y opinan que debió adjudicarse por concurso, como recomendaba un informe de la secretaría municipal.
“Lo único que trataba el equipo de gobierno con ese anuncio era desviar la atención sobre la depuradora”, acusa a su vez Martínez, para quien “que se miren exclusivamente cuestiones contables refrenda que cumplieron con su labor quienes tienen responsabilidades jurídicas en esta cuestión”.
La denuncia ante el Tribunal de Cuentas fue interpuesta por el PA en 2009, tras archivar la causa el juzgado de Écija. Los andalucistas denuncian que cuando se emplearon esos fondos el PGOU estaba aún en tramitación y la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que los ingresos por la negociación de los convenios urbanísticos sólo puedan emplearse tras la aprobación definitiva y siempre en patrimonio público del suelo.
El PGOU fue aprobado provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento de Écija en noviembre de 2006, incluyendo ya los convenios urbanísticos. Según el PA, en noviembre de 2005 un informe del tesorero del Ayuntamiento ya advertía al gobierno municipal de que los ingresos procedentes de estos acuerdos, por lo que a la Ley se refiere, no están disponibles para el gasto hasta la aprobación definitiva del PGOU.
