Familias de las VPO en manos de un fondo buitre vuelven a pedir soluciones
Las familias residentes en las 91 viviendas de las calles Estatuto de Autonomía y La Luisiana se reúnen hoy con la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia (PP), para reclamar una solución al problema de sus pisos, adquiridos por un fondo buitre. Tras años de litigios y un deterioro físico que califican de “insostenible”, los afectados acuden este lunes a reunirse con la regidora para exigir que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto.
Las personas afectadas piden la mediación municipal ante lo que consideran un abandono deliberado por parte de la empresa propietaria, Desarrollos Urbanísticos Ría del Rompido S.L., y la falta de respuestas de la Junta de Andalucía.
La reunión se produce en un clima de urgencia habitacional. El pasado 8 de abril, el colectivo remitió un requerimiento formal a la empresa exigiendo una inspección técnica de urgencia y un plan de reparaciones en diez días. Los vecinos denuncian que, desde que el fondo de inversión adquirió los bloques en subasta en 2021, el mantenimiento ha sido nulo.
Carmen Ruiz, portavoz de los afectados, describe una situación límite en las zonas comunes y fachadas. Denuncia a “la empresa Ría del Rompido por la dejadez que tienen las viviendas, porque se nos va a caer a pedazos. Se nos están cayendo las cornisas y, la verdad, está dejada de la mano de Dios”. Ruiz subraya que “lo mismo que ellos reclaman que paguemos los meses que le estamos pagando, nosotros tenemos que reclamarle que actúen con nuestra barriada”.
Actualmente, los inquilinos abonan sus rentas a través del OPAEF, en lugar de hacerlo directamente a la empresa propietaria, debido a las deudas de esta con la administración y con Hacienda, denuncian.
Otra vecina, Valle Miranda, recalca que la cita de hoy con Silvia Heredia busca compromisos que no terminan de materializarse. “En los cinco años que llevan ellos con las viviendas no han hecho nada. Hemos estado un tiempo calladas a ver si reaccionaban y no han reaccionado; tenemos que movernos porque pasa el tiempo“.
Las vecinas recuerdan que ya mantuvieron un encuentro previo con la alcaldesa el año pasado “nos dijo que en septiembre u octubre de 2025 nos daría una respuesta y estamos en abril de 2026 y tampoco tenemos respuesta de ella”.
Los vecinos acuden al consistorio con la intención de que se garantice la seguridad de una promoción que ya suma 26 años y presenta deficiencias graves en el alumbrado interior y unas cocheras que definen como “inservibles”. Advierten que, de no obtener una hoja de ruta clara, elevarán sus reclamaciones ante organismos de consumo o la vía judicial para salvaguardar la habitabilidad de sus hogares.
La historia de estas 91 viviendas se remonta al año 2000, cuando fueron construidas sobre suelo municipal por la empresa pública SEDESA. Originalmente, los inmuebles se adjudicaron en régimen de alquiler con derecho a compra y permutas. Sin embargo, el futuro de la promoción se truncó en 2013, cuando el entonces Gobierno municipal (PP-PA) inició la liquidación de las empresas públicas, declarando a SEDESA en concurso de acreedores.
Tras varios años de limbo judicial y una primera subasta desierta, la promoción fue finalmente adjudicada en 2021 al fondo de inversión Ría del Rompido por 1,14 millones de euros. Esta venta se produjo a pesar de las insistentes peticiones de los vecinos y del pleno municipal para que la Junta de Andalucía ejerciera su derecho de retracto y recuperara las viviendas para el parque público, una opción que finalmente fue rechazada por la administración autonómica.
En la actualidad, la barriada suma ya 26 años de antigüedad y sus residentes ven con temor que el régimen de protección oficial de sus hogares expira en marzo de 2030, fecha a partir de la cual perderían la protección pública sobre sus contratos.
