octubre 21, 2021
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Opinión Renglones torcidos

LOMLOE: del elitismo a la equidad

La LOMLOE, conocida como ley Celaá, fue aprobada la pasada semana con el apoyo de seis  fuerzas políticas (PSOE, Unidas Podemos, Grupo Plural, ERC, PNV y Nueva Canaria) y la abstención de otras cuatro representadas en el Congreso de los Diputados. Ha sido la ley educativa más consensuada de la historia de la democracia, deudora de épocas pasadas con amplias mayorías parlamentarias monocolor tanto del PP como del PSOE. Está claro que es una reforma educativa que no cuenta con el consenso de todo el arco parlamentario. Pero, ¿es que acaso es ello posible con una derecha que no cree en la enseñanza pública inclusiva, igualitaria, multidisciplinar y multicultural?

Pues claro que no. La burguesía de este país y aquellos que aspiran a copar el espectro de la clase media no pueden permitirse la osadía de que haya una verdadera educación pública inclusiva y multidisciplinar. ¿Cómo va a llegar a la clase de sus hijos cualquier niño o niña independientemente de su nivel de renta, raza o religión? Por lo tanto, el problema no está tanto en que se ataque a la concertada, sobre todo, teniendo en cuenta que la ministra no ha cuestionado ni el concierto educativo ni el Concordato con la Santa Sede, como en que se ponga coto a sus privilegios financiados con dinero público.

O, dicho de otro modo, el debate no es sobre la “libertad de enseñanza” ni “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones”, que recoge el artículo 27 de la Constitución. El debate es si esa educación religiosa tiene que ser financiada con cargo a los presupuestos del Estado en detrimento de la pública y si es ético que se haga negocio con ella.

Entonces, ¿por qué bramaban los representantes de la derecha por la libertad en las manifestaciones contra la ley Celaá de este fin de semana? Resulta cuanto menos chocante que los artífices de los mayores recortes presupuestarios en materia educativa de la historia de la democracia, con una caída del 13,1% en las dos legislaturas de Rajoy, los mismos que dejaron sin becas a más de 25.000 universitarios al año, los que aprobaron en solitario una ley educativa que aumentaba la ratio de alumnos por aula en la pública, y los que permitieron barbaridades como la segregación por sexos, contraria al artículo 14 de la Constitución, vengan ahora a pedir libertad y consenso. Básicamente, porque los gobiernos del PP, que deterioraron gravemente y de forma irreparable la igualdad de oportunidades inherente a la política educativa de cualquier democracia, no defendieron nunca la libertad y el derecho a la educación de los niños y niñas de los entornos económicamente más deprimidos. Por lo tanto, ¿qué es la libertad para ellos? La que les permite el dinero, la vinculada a sus privilegios pasando por encima de los derechos de la mayoría de la sociedad.

La LOMCE, la ley Wert, aprobada con los solos votos del PP desde su mayoría absoluta de la legislatura 2011-2015, permitía la cesión de suelo público a la privada-concertada y la conversión de las cuotas voluntarias en obligatorias. Así, con dinero estatal, se financiaba la desigualdad, se garantizaba que a los colegios concertados no pudiese asistir cualquier niño o niña. Mientras los recortes en la educación pública eran absolutamente abrumadores, el presupuesto destinado a la concertada aumentó en un 25% en la última década. Por lo tanto, la actual ley lo que persigue es reequilibrar los recursos destinados a ambos modelos educativos. Uno de los feudos históricos del PP, la Comunidad de Madrid, donde durante los años de los gobiernos de Esperanza Aguirre y sus sucesores, Ignacio González y Cristina Cifuentes, se zarandeó hasta la saciedad la estabilidad de la enseñanza pública, es la segunda región europea con mayor segregación escolar. Allí, los datos hablan por sí solos. La probabilidad de que un niño de la pública repita es diez veces mayor, por dos motivos: la falta de inversión en la enseñanza pública termina recayendo en el deterioro de la enseñanza y atenciones que el alumnado recibe, mientras que en la concertada, alimentada con fondos públicos y privados, la dinámica es totalmente la opuesta; y es la pública la que recibe el alumnado con menos recursos. Pero es que incluso hay algo que va más allá de la ideología claramente privatizadora del PP; es que la construcción de nuevos colegios concertados supuso uno de los negocios más suculentos para Francisco Granados, quien, a cambio de la concesión de suelo público para la construcción de estos nuevos centros educativos a los que eran traspasados unidades de la enseñanza pública, recibió generosas comisiones en B.

La LOMLOE, como otras leyes educativas aprobadas por el PSOE y otras fuerzas progresistas, se ha visto mermada en su alcance por las voces reaccionarias y ultracatólicas de este país. Ya se las encontró en su día Felipe González, quien dio lugar al concierto educativo, un reducto del principio de subsidiariedad estatal del franquismo que dejó la totalidad de la educación de este país en manos de la Iglesia. ¿Cómo iban la Iglesia y la derecha política a dejar la educación en manos del Estado? Ellos tenían que defender la persistencia de una casta de niños y niñas al servicio de su ideología y principios. Y el Estado accedió a financiar una educación que no representaba los valores compartidos de una democracia moderna y plural.

La LOMLOE se ha quedado corta en términos progresistas. No elimina la asignatura de Religión de la enseñanza pública, tal como sería consecuente de acuerdo a la aconfesionalidad estatal recogida en la Carta Magna (art. 16). Se limita simplemente a suprimir su calificación de la nota media del alumnado. Tampoco trasciende del principio utilitarista capitalista que impregna nuestra educación, siempre al servicio de las necesidades del mercado. No, la escuela, las enseñanzas medias, no pueden responder a ese modelo de enseñanza. Deben estar al servicio de la construcción de una ciudadanía crítica y, para ello, hace falta una ambiciosa reforma que promueva la impartición de las Humanidades y las enseñanzas artísticas.

En cuanto a materia fiscal, la nueva ley no ha atacado ni uno solo de los beneficios fiscales de la enseñanza privado-concertada: siguen sin pagar IVA (1.500 millones de euros anuales) y los colegios que, además de concertados son religiosos (en torno a un 70%), no pagan IBI por sus propiedades. Además, garantiza el mantenimiento y blindaje de la totalidad de las plantillas docentes contratadas en estos centros. Por lo tanto, España seguirá siendo uno de los países europeos con más porcentaje de educación concertada y menos pública. Entonces, ¿a qué se debe semejante movilización?

La desproporcionada reacción de la derecha ante una reforma educativa que se muestra insuficiente en lo que se refiere a la formación de una sociedad democrática y crítica y que no ataca ni uno solo de sus privilegios demuestra tres realidades: lo mucho que les importa controlar la educación de la élite acorde a los principios del nacionalcatolicismo; lo mucho que les molesta que la educación pública suponga un medio de ascenso social para los niños y niñas más humildes y, por último, la muy elevada concepción privativa que tienen del Estado, del país, de sus recursos al servicio de sus negocios e intereses particulares.

Mayte Jiménez Romero
Profesora de Historia
@MAYTEJR