noviembre 27, 2020
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Opinión Renglones torcidos

Juan Carlos I: entre la inmunidad y la impunidad

Juan Carlos I se ha exiliado del país. Un exilio forzado y forzoso en pro de la preservación de la Corona. Juanito, como lo llamaban sus íntimos para diferenciarlo de su padre, nació en mitad de la Guerra Civil y en el exilio en el que llevaba la Familia Real desde la proclamación de la II República en 1931.

Para ese momento, los Borbones habían vivido una relación bastante turbulenta con España a lo largo de todo el siglo XIX y lo que llevaba transcurrido del XX. Carlos IV murió lejos de su reino, su hijo Fernando VII no dudó en abolir la Constitución de 1812, reinstaurar el absolutismo y perseguir a los liberales que se vieron obligados a huir del país. A su muerte estalló un conflicto dinástico entre los partidarios de su hija, la futura Isabel II, y los de su hermano, el infante Carlos María Isidro. La reina fue proclamada como tal a los 13 años de edad y fue expulsada del país en 1868. Previamente, en 1854 ya había establecido un cortafuegos con su propia madre, la Reina María Cristina, salpicada por el escándalo de varios negocios turbios relacionados con la sal, el ferrocarril y la esclavitud. El motivo fundamental de la Revolución de 1868 fue que Isabel II no supo entender que en España había que trascender de ese liberalismo moderado, dar paso al progresista y evolucionar hacia un parlamentarismo efectivo en el que se pudieran alternar ambas facciones en el poder.

Tras el sexenio democrático, se llevó a cabo la Restauración Borbónica en 1875 en la figura de su hijo Alfonso XII. Por su parte, la reina no volvió nunca a España. Pero su hijo empezó optando, como había sido habitual en sus antepasados, por dar un paso atrás en las libertades y derechos políticos. La Constitución de 1869 fue sustituida por la de 1876 en la que el poder del monarca salió tan reforzado que tenía poder de veto sobre las leyes y decisiones adoptadas por el Parlamento en el que recaía el poder legislativo. Alfonso XII murió joven y no tuvo que enfrentarse a demasiadas dificultades durante su reinado.

Pero su hijo, Alfonso XIII, rey efectivo desde 1902, fue incapaz de entender la trascendencia de las demandas del proletariado emanado del desarrollo industrial del país. No supo vislumbrar que lo que la sociedad demandaba era democracia. El sistema electoral caciquil de elecciones fraudulentas fue suficiente durante el reinado de su padre, apuntalando en el poder a los oligarcas patrios, pero en el suyo, las demandas sociales exigían varios pasos más allá. Su reinado sustentado en un ejército de oficiales, burócratas, terratenientes e industriales estuvo marcado por sus guerras imperialistas en Marruecos. El Desastre de Annual en 1921 fue una sangría de hombres y dinero. Ante la situación del país tenía dos opciones: convertirlo en una verdadera democracia parlamentaria al estilo británico o apoyar el golpe de estado de Primo de Rivera. Él optó por esto último, incrementando el malestar entre diferentes facciones políticas y sociales.

El rey, que había asistido al desmoronamiento de los grandes imperios europeos tras la I Guerra Mundial – el Imperio austrohúngaro, el otomano, el alemán y el ruso -, optó por no darse por enterado de que la época en la que los reyes vivían inmersos en la frivolidad de sus lujos y privilegios ignorando las demandas de su pueblo había pasado. Cayó un poco más tarde que el resto, en 1931, pero finalmente cayó. Se marchó a un largo exilio en el que moriría en 1941. Aunque los monárquicos y los propios Borbones habían apoyado al bando nacional en la Guerra Civil, sus aspiraciones de restauración monárquica no se vieron satisfechas ni en su figura ni en la de su hijo Juan de Borbón.

Juan de Borbón sabía que una vez concluida la II Guerra Mundial era muy difícil, no ya conseguir el trono, sino mantenerlo al margen de la democracia parlamentaria. Así, cuando el general Franco, que se negaba a compartir poder con nadie, le reclamó a su heredero para que terminara siendo su sucesor, acabó accediendo por el bien de la dinastía y la institución monárquica. A la altura de 1975, cuando Juan Carlos I subió al trono, lo hizo gracias a la única legitimidad válida en aquel momento: ser el sucesor de Franco. La legitimidad dinástica no le llegará hasta mayo de 1977 con la renuncia de su padre a sus derechos y la constitucional hasta diciembre de 1978.

Afirmar, desde un análisis simple y sesgado, que tenemos democracia gracias a Juan Carlos I es una tergiversación de la verdad histórica. Está claro que él estuvo del lado de la democracia. Pero, ¿es que a la altura de 1975 era acaso sostenible otra opción tanto a nivel interno como externo? Los últimos años de la dictadura estuvieron marcados por una enorme conflictividad política y social y por una férrea oposición interna e internacional a Franco y al franquismo en todos los ámbitos imaginables. Los estudiantes, los obreros, las organizaciones progresistas, los intelectuales e, incluso, la propia Iglesia, que había abandonado la deriva autoritaria tras el Concilio Vaticano II situándose del lado del progreso y las libertades, eran partidarios de una reforma política democrática. No hay que olvidar a los varios cientos de miles de españoles ejecutados, exiliados, encarcelados por la dictadura en esa lucha perseverante por acabar con el franquismo.

En la Transición y años posteriores se consiguieron mejoras sustanciales en la vida de la población, la democracia funcionaba y España consiguió entrar en la Unión Europea. A esas generaciones de españoles que habían vivido semejante cambio les valió con el mito franquista de que la República había sido un período demoníaco y gracias a Juan Carlos I el país había conseguido evolucionar. Así que él, el Rey, pensó que podía vivir como sus antepasados: entre la inmunidad y la impunidad, sin caer en la cuenta de que la democracia iría madurando poco a poco y la sociedad española iría exigiendo cada vez más a sus representantes públicos. Juan Carlos I ha hecho un daño irreparable a la institución. Está claro que Felipe VI no tiene responsabilidad penal o jurídica en los asuntos de su padre. Pero esto es tan cierto como que hereda el legado paterno en su totalidad. Básicamente, porque la única razón por la que es Jefe del Estado es porque es hijo de Juan Carlos I. Por lo tanto, no se le puede tratar como a cualquier ciudadano de a pie en este asunto.

La sociedad española de 2020 está hastiada de corrupción. Reivindica una mejora en los mecanismos de control de los diferentes representantes políticos. No va a seguir tolerando los niveles de corrupción que ha soportado en estos cuarenta años de democracia. El debate sobre monarquía o república es inevitable. Hay que entender que si en este país se expulsó a los Borbones dos veces en un intervalo de unos 70 años es porque la población aglutinaba una insoportable carga de descontento. Pero la cuestión primordial aquí, que parece olvidarse, es que la Constitución establece en su artículo 14 una igualdad legal entre todos los ciudadanos y ciudadanas. Y, por lo tanto, en democracia, nadie, ni tan siquiera el Rey, puede estar por encima del Estado y de la ley.

FOTO: EP

Mayte Jiménez Romero

Profesora de Historia

@MAYTEJR