octubre 24, 2020
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Opinión Renglones torcidos

El gobierno rompe con el nacionalcatolicismo

Esta semana aglutina dos efemérides históricas muy relacionadas con los acontecimientos que copan nuestra actualidad política. Por un lado, el 14 de julio, aniversario de la Toma de la Bastilla, que supone el pistoletazo de salida al desmoronamiento del Antiguo Régimen europeo y el alumbramiento de los estados contemporáneos liberales que se irán construyendo a lo largo del siglo XIX. Y es que la Revolución Francesa no solo fue importante  por derrocar a los Borbones franceses, sino a todo aquello que sustentaba su poder absoluto: nobleza y clero.

El abuso de poder y la corrupción desataron las iras de un pueblo hastiado del hambre y la pobreza. Uno de los avances más significativos que hemos heredado de esta etapa histórica es la separación de poderes, algo imprescindible en cualquier sistema democrático.

Por otro lado, el 18 de julio, aniversario del golpe de estado contra el régimen constitucional y democrático de la II República. Un sistema político sustentado en los valores democráticos que se atrevió a instituirse como un Estado laico, heredado de la III República francesa, vigente a la altura de 1931.  La derrota del rey Alfonso XIII, acorralado por su incapacidad para gestionar la grave crisis que azotaba al país, se pudo tolerar, pero la separación Iglesia-Estado fue demasiado para los poderes tradicionales y elitistas del país.

Hubo que esperar a la Constitución de 1978 para que en España todas las sensibilidades políticas pactaran la aconfesionalidad del estado, respondiendo a la máxima democrática de la separación de poderes. Es, concretamente, el artículo 16.3 el que afirma: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Así se tuvo en cuenta que la mayoría de los españoles y españolas eran católicos. Era normal que fuese así después de cuarenta años de un nacionalcatolicismo militante y adoctrinador. Obviamente, esta realidad no se borró de un plumazo. De ahí que haya sido habitual, a lo largo de estos cuarenta años de democracia, que el poder civil y el religioso hayan ido de la mano sin que eso levantara importantes recelos en la población. En cualquier caso, atenerse al argumento de que la mayoría de la población española era católica para seguir manteniendo la oficialidad de la Iglesia fue un error. No se trata de dar o no respaldo a las creencias de la población, sino de que en democracia la separación de poderes debe ser una realidad pragmática.

Además, la situación religiosa en España ha ido cambiando sustancialmente. El desapego social a la religión está alcanzando niveles prácticamente revolucionarios. El 46,79% de los niños y niñas nacidos en 2017 son fruto de uniones de hecho o madres solteras. Esta situación va unida a que el 79,3 de las bodas realizadas en esa fecha son civiles; o, lo que es lo mismo, las bodas no religiosas están treinta puntos por encima de hace una década. Por lo tanto, la Iglesia ya no tiene a su alcance al argumento de hace cuarenta años. La realidad es que su influencia social va siendo cada vez menor.

No fue hasta el año 2018, cuando un gobierno al completo, presidido por Pedro Sánchez, tomara posesión de sus cargos prescindiendo de símbolos religiosos. En 2020, tras haber sufrido la primera oleada de la pandemia del coronavirus, el gobierno ha organizado un homenaje de estado aconfesional a las víctimas mortales por la covid-19. La Iglesia, por su parte,  intentó adelantarse al gobierno organizando un funeral en La Almudena. Está claro que la Iglesia como institución tiene todo el derecho a oficiar una misa por aquellas víctimas que profesen la religión católica en nuestro país. Lo que es intolerable es que se critique al presidente del Gobierno por no acudir a misa. Cuando, además, se encontraba fuera del país buscando apoyos internacionales para que Europa facilite un plan de reconstrucción para España. No se trataba de una tarea menor precisamente. Y cuando, por otra parte, la número dos del gobierno, la vicepresidenta, acudió en representación del ejecutivo. Cuando el presidente no está en suelo español, o está enfermo o impedido, el vicepresidente, la vicepresidenta 1ª en este caso, asume las funciones que deba él ejercer.

Pero lo peor es que la derecha política, esos partidos que proclaman a capa y espada la defensa del orden constitucional, entrara al juego de esas críticas acusando al presidente de no respetar a las víctimas. En cualquier caso, no se han salido con la suya. El nacionalcatolismo, la identificación del estado español con la religión católica de forma inalterable y sagrada, no ha vencido esta vez. Se ha impuesto el orden constitucional de la aconfesionalidad estatal, según la cual, el Estado, el poder civil, queda desligado de toda religión.

Y esto exactamente, ¿qué quiere decir? Pues sencillamente que el Estado debe seguir velando por la libertad individual de los ciudadanos y ciudadanas del país sin adherirse a ninguna confesión religiosa. Aquellos y aquellas que profesen la fe católica están en todo su derecho de celebrar la Semana Santa o cualquier otra festividad religiosa. Es más, la Administración, debe seguir dando apoyo a la preservación del patrimonio y tradiciones. No se trata de acoger una oficialidad multiconfesional. De hecho, Jorge García, presidente de Movimiento Hacia un Estado Laico, alerta con esta declaración: “El salto hacia el multiconfesionalismo que parecen querer dar cada vez más autoridades es un gravísimo error“.

De lo que se trata es de que la Iglesia no siga dirigiendo aspectos del poder civil, las solemnidades del estado, cual liturgia sagrada. Es algo tan sencillo como que en un Estado democrático, en esa Europa que comenzó a gestarse en 1789, no puede seguir prevaleciendo la unión indisoluble del trono el altar y el estado, por mucho que la patria y el catolicismo hayan sido los puntales definitorios de la “España verdadera” tan prodigada por la derecha. Lo positivo es que los únicos que no han entendido la realidad en que vive el país, que no han respetado el orden constitucional, son los integrantes de la extrema derecha. Porque el resto del país, de los representantes políticos, han entendido que la aconfesionalidad, el laicismo, el respeto a las creencias de cada ciudadano y ciudadana, debe prevalecer en el modelo de convivencia democrática. Porque España es mucho más sólida, madura y moderna desde el 16 de julio de 2020, fecha que pasará a la Historia de nuestro país como un punto de inflexión en la construcción de una democracia más fuerte y tolerante.

FOTO: JuanJo Martín/EFE

Mayte Jiménez Romero

Profesora de Historia

@MAYTEJR